»Topadoras en territorios protegidos por Ley de Ordenamiento Territorial (Créidto foto: Greenpeace)

 

La organización ambiente Greenpeace volvió a denunciar el ilegal desmonte en Finca Cuchuy. Sucede en  medio de rumores de modificación de la Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007. La ONG alertó sobre la llegada; otra vez; de las topadoras a la finca. Esta vez, para concluir un desmonte de casi 9 mil hectáreas de bosques protegidos.

Greenpeace denuncia que el desmonte que fue autorizado en forma ilegal por el gobierno de Juan Manuel Urtubey, a pedido del dueño de la finca.

La organización documentó el desmonte que cuatro topadoras están realizando a tan sólo 10 kilómetros de la comunidad wichi Corralito (en el área Mosconi-Cornejo), cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron deforestadas en los últimos años.

La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri. La organización ecologista recorrió nuevamente la zona, luego de haber denunciado el caso en 2014 y frenar el desmonte hasta que sus activistas fueron presos.

“Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes terratenientes violan la Ley de Bosques y deforestan donde no está permitido con la complicidad de los gobiernos. Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

La estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I – rojo y II – amarillo, que no permiten desmonte. Sin embargo, su dueño solicitó al gobierno provincial el cambio de zonificación de gran parte de la misma a la Categoría III – verde para poder deforestar 8.962 hectáreas (la superficie de media ciudad de Buenos Aires).

La destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que empresarios de la zona los presionan para que les permitan seguir desmontando a cambio de cederles algo de tierra.

La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, que solicitó la intervención de las autoridades.

“Necesitamos que el Congreso de la Nación sancione en forma urgente una Ley de Delitos Forestales que penalice los desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.

Greenpeace denunció que dicho proyecto de ley se encuentra demorado por la diputada jujeña María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.