Nuevo Diario de Salta.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que la causa por la desaparición y homicidio del joven Daniel Solano será resuelta por la Justicia penal rionegrina. Se trata del juicio contra los siete policías acusados de haber asesinado al trabajador proveniente de Misión Cherenta, Tartagal. Solano fue visto con vida por última vez la madrugada del 5 de noviembre de 2011.
Tras la novedad, que fue calificada como una buena noticia por el abogado Sergio Heredia, representante de la querella, se espera que la Cámara Segunda de General Roca fije fecha para el juicio contra los siete policías acusados de haber asesinado al trabajador de Tartagal, que fue desaparecido en la madrugada del 5 de noviembre del 2011.
La decisión de la Corte Suprema, conocida en el Sur el miércoles último, puso fin a una discusión sobre si el caso debía ser de incumbencia de la Justicia Federal o la provincial de Río Negro.
Por pedido del fiscal Guillermo Bodrato, el año pasado el juez Julio Martínez Vivot dispuso que la causa pasase a competencia federal, por entender que la “desaparición forzada de persona” es un delito de lesa humanidad y corresponde a ese fuero.
La Corte Suprema no compartió ese criterio. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y los vocales Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco: “Se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Juzgado de Instrucción Penal N° 30 de Choele Choel, Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro”.
Sostuvo el máximo tribunal en un breve decisorio en el que se remitió a las razones dadas a fines de 2016 por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien consideraba que el proceso debía seguir en la Justicia rionegrina, donde ya llevaba cinco años de trámite. Esta precisamente era la postura de la querella, para quien el pase a la Justicia Federal implicaba un retroceso en la investigación, cuando ya la causa está casi lista para llegar al juicio oral.
Además, tampoco se trataría de un delito de lesa humanidad, porque por lo que se ha investigado hasta ahora, los policías acusados no habrían contado con el aparato del Estado para llevar adelante este crimen.
En declaraciones al diario Río Negro, el abogado Leandro Aparicio, también representante de la familia de Solano, sostuvo que se sigue insistiendo en la necesidad de bajar al jagüel, un pozo de decenas de metros de profundidad que está ubicado en un campo en cercanías de Choele, donde se presume que fueron arrojados los restos de Solano.
“Nuestra intención es que todas las causas vayan a juicio, no sólo ésta que es la principal, sino la causa por estafa de la que fueron víctimas centenares de trabajadores y todas las otras complementarias”, sostuvo.
