ADN Rio Negro.- El fallo de primera instancia condenó en agosto a los siete efectivos a perpetua por la desaparición seguida de muerte de Daniel Solano, pero desechó la posibilidad de la prisión preventiva. De este modo los policías quedaron en libertad hasta que la condena quede firme. La cúpula de la fuerza de Seguridad provincial adelantó que la Junta de Disciplina se reuniría para analizar los casos y tratar los pases a disponibilidad,pero al no realizarlo, seguirán revistando en la fuerza.
Finalmente, luego de casi dos meses,el cuerpo disciplinario se reunió durante dos días consecutivos en Viedma, pero no trató el tema y los condenados seguirán revistando en la fuerza.
Pablo Roberto Quidel, Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender, Héctor César Martínez, Juan Francisco Barrera, Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, y Diego Vicente Cuello, siguieron cumpliendo funciones en la Policía tras la condena, aun cuando la familia de Daniel Solano, sus abogados y organizaciones de Derechos Humanos habían solicitado que fueran apartados.
Los uniformados cumplieron incluso tareas de seguridad durante la investigación y la consustanciación del juicio en diferentes localidades de la provincia. Conocida la sentencia, el 3 de agosto, fueron suspendidos preventivamente por indicaciones de la cúpula policial que, según se comunicó oficialmente, buscaba así “garantizar que los condenados no portaran armas”.
El gobierno provincial rechazó los pedidos de exoneración de los imputados durante la investigación bajo argumento de que aún “no había sentencia condenatoria”, según se lo manifestó el Legislador Facundo López (Juntos Somos Río Negro) a la familia Solano y a la querella en las dos oportunidades en que se reunieron para plantear la cuestión.
La punta del ovillo
Daniel Solano tenía 24 años, era oriundo de Tartagal (Salta), y en noviembre del 2011 desapareció en Choele Choel, a donde había llegado para trabajar como peón temporario en la cosecha de manzanas. Desde entonces no hubo datos concretos sobre el destino de su cuerpo, aunque las pesquisas condujeron la investigación hasta un jagüel de la estancia La Manuela, donde se cree fue arrojado por sus asesinos.
Las excavaciones realizadas en el lugar no dieron resultado, pero los peritos tampoco pudieron descartar que fuera ese el lugar donde se ocultó el cuerpo. La medida de prueba se suspendió luego de un mes de tareas por la imposibilidad de excavar hasta el fondo del pozo, que había sido adulterado y rellenado con concreto y material de descarte.
Sin embargo, los numerosos testimonios recogidos en la causa a lo largo de los años llevaron a la imputación y proceso de los siete policías de Río Negro que el 3 de agosto pasado culminó con la lectura de la sentencia.
El juicio oral reveló además que en la desaparición de Daniel Solano no solo hay implicancia policial, sino también empresarial (el joven trabajaba para la empresa Agrocosecha SRL, con sede en Córdoba, a la cual tercerizaba servicios la multinacional Univeg Expofrut SA, radicada en Lamarque), y judicial por presunto encubrimiento.
El caso Solano tiene además 25 causas conexas por otras desapariciones y muertes de trabajadores norteños, trata de personas, narcotráfico, estafa laboral y corrupción empresarial, entre otras.
