Nuevo Diario de Salta.- Hoy inició la audiencia y los alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de la causa que inició hace 31 años ante esa entidad la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, con el patrocinio del CELS, al reclamar 400.000 hectáreas en el chaco salteño.
Esta es la primera vez que la CIDH está ante un caso sobre los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales en la Argentina. La audiencia será desde las 11.30 y se podrá ver en el link www.corteidh.or.cr.
Desde 1984 que estas comunidades reclaman el reconocimiento y la titulación de sus tierras ancestrales. Se trata de más de diez mil personas que viven de la caza, la recolección, la agricultura y la pesca y que durante años se vieron forzadas a modificar sus usos y costumbres.
En las denuncias se indica que el ganado de las familias criollas, los alambrados y la tala ilegal afectan severamente su forma tradicional de vida.
Aunque desde el Gobierno de la provincia se dispuso un decreto entregando cada parcela a criollos y las 400 mil hectáreas para las comunidades, hasta el momento se incumplió por la falta de obras para que las familias criollas tengan el lugar acondicionado para trasladarse.
Según se pudo conocer por las publicaciones del Boletín Oficial, por el estado salteño se presentarán la fiscal de Estado, Pamela Calleti, y la coordinadora general de la Fiscalía de Estado, Ana Carolina Geis, a quienes se les reconoció la comisión para llegar a San José de Costa Rica, en donde tendrá lugar la audiencia.
El representante por el CELS será el abogado Matías Duarte.
Como perita propuesta por el Estado irá la antropóloga Catalina Buliubasich. Nancy Adriana Yañez Fuenzalida, especialista en cuestiones jurídicas, fue propuesta por la Comisión a cargo del caso. Declararán como presuntas víctimas (es decir miembros de las comunidades), propuestas por el Estado: Francisco Gómez, Humberto Chené, Fortunato Constantino, Ascencio Pérez y Víctor González. A ellos se sumarán como testigos propuestos por el Estado: Abraham Ricalde, Dante Albornoz, y Saturnino Ceballos.
Los peritos propuestos por los representantes son la antropóloga Norma Naharro y Rodrigo Sola, y las presuntas víctimas Francisco Pérez y Rogelio Segundo.
