Ministerio Público Fiscal.- Dos choferes, el dueño de un colectivo y dos pasajeros fueron imputados por el fiscal federal Francisco Snopek, en la primera audiencia celebrada allí por propagación de “una enfermedad peligrosa”. El caso fue presentado el viernes último en una audiencia que se extendió por más de dos horas.
La Unidad Fiscal Salta formalizó el viernes la primera investigación penal por los delitos previstos en los artículos 202 y 205 del Código Penal, en el marco de las infracciones a las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia del COVID-19. La imputación, que se tramita bajo el proceso de flagrancia, es dirigida por el fiscal Francisco Snopek.
El caso dió cuenta de la conducta desplegada por dos pasajeros; oriundos de Colonia Santa Rosa (Orán), dos choferes y el propietario de un colectivo de larga distancia, quienes fueron acusados de no sólo incumplir las medidas de control vigentes respecto al traslado de ciudadanos dentro del país, sino también de haber incurrido gravemente en la propagación del virus.
Ante el juez federal de Garantías Julio Bavio, y con las partes conectadas por video conferencia, el fiscal Snopek indicó que las irregularidades se advirtieron el viernes a la mañana, en el puesto de control de Cabeza de Buey, ubicado sobre la Ruta 34, a 58 kilómetros de Salta Capital, en un colectivo que trasladaba más de 50 pasajeros.
“El micro, procedente de la provincia de Río Negro, se dirigía a Jujuy, aunque en el puesto de control, seis pasajeros oriundos de Salta descendieron para dirigirse a esta ciudad. Al constatar el Documento Universal de Transporte (DUT) y la correspondiente autorización de circulación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, se pudo establecer que dos de los 55 pasajeros declarados, no estaban incluidos en la nómina del pasaje“, explicó el fiscal.
La situación se agravó aún más cuando personal de la Policía de Salta informó que a uno de los pasajeros descendido se le había aplicado el protocolo COVID-19 en Tucumán, a lo que se sumó la confirmación desde la CNRT que los dos pasajeros faltantes no habían sido declarados. “Esto provocó que se activara el protocolo, por lo que junto a mi equipo de auxiliares nos trasladamos al lugar, donde llevamos adelante, con los representantes del Comité Operativo de Emergencia, las medidas preventivas en resguardo de la salud y riesgo de propagación de la enfermedad”, se señaló.
En la audiencia, Snopek explicó que producto de las constataciones se estableció que los dos pasajeros que no estaban incluidos tampoco tenían la certificación médica del caso. “Y mucho peor, se verificó que los mismos habían convivido con un paciente contagiado con coronavirus, quien se encuentra hospitalizado en Río Negro”, resaltó.
Frente a la gravedad del caso, el fiscal federal solicitó la detención de los dos pasajeros, el propietario de la empresa de colectivos Azabache (quien también viajaba sin estar registrado y autorizado) y dos choferes, medida que fue avalada por el juzgado de Garantías.
Asimismo, se dispuso la internación de los seis pasajeros en el hospital Joaquín Castelllanos, de General Güemes, donde se realizaron los estudios correspondientes a fin de verificar el estado de salud, quienes no presentaban síntomas compatibles con la enfermedad.
Para concretar la detención, y dada la situación del resto de los pasajeros que se dirigían a Jujuy, se dispuso que personal de Gendarmería Nacional y las policías de cada provincia custodiase al micro hasta esa provincia, donde los ocupantes descendieron y fueron puestos en cuarentena por las autoridades sanitarias jujeñas.
En su acusación, Snopek solicitó que el caso siga el trámite bajo el proceso de flagrancia por los delitos establecidos en los artículos 202, el cual establece una pena de 3 a 15 años de prisión para el que “propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.
Asimismo, pidió también la calificación establecida en el artículo 205, con una pena de seis meses a dos años de prisión, en este caso por violar “las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, al haber omitido deliberadamente tramitar el permiso de circulación correspondiente.
Por entender que los imputados actuaron con dolo (conocimiento de causa), conscientes de que las medidas que incumplían eran aptas para propagar el virus que padece el ex conviviente, la fiscalía solicitó que se mantenga la detención de los cinco imputados por el término de 10 días, que se hará efectiva en el lugar dispuesto por la autoridad sanitaria de la provincia para el cumplimiento del aislamiento obligatorio. Ademáse requirió que se confirme el procedimiento de flagrancia y se conceda un plazo de 10 días para la recolección de las pruebas, como así también otras diligencias de producción de pruebas pendientes.
Tras un extenso debate sobre la posición de la fiscalía y la defensa, finalmente el juez Bavio resolvió dar por formalizada la imputación por los delitos requeridos por el fiscal , como así también convalidó el procedimiento de flagrancia y autorizó un plazo de 10 días para investigar.
Entretanto, se espera conocer este fin de semana si efectivamente hubo contagios al resto de los pasajeros, que ahora se encuentran debidamente aislados en las provincias de Salta y Jujuy, a cargo de las autoridades sanitarias respectivas.
