Este lunes el gremio fue centro de un duro cruce entre partidarios de Patricia Argañaraz y los afines a la Comisión Directiva, que pugnan por hacerse del asiento que se ocupará en las paritarias docentes de Salta. En esa línea, CTERA pretendía destituir a la docente de su cargo de secretaria de Acción Social.
“Se acusan entre ellos de varios ilícitos”, señaló Carmen Venencia; vocera de Tribuna Docente. “No puede seguir esta comisión directiva, ni Patricia Argañaraz ni Cerruti y los otros (…) esta comisión está siendo perseguida por la Justicia”, y al respecto, los docentes que hoy se hicieron presentes ante ADP clamaban por asamblea de afiliados.
“Una asamblea tiene la obligación de llamar a elecciones (…) con qué cara se pueden presentar ante la Patronal cuando han estafado, robado a sus propios afiliados (…) para el Estado es una referencia de que no puede enfrentarlo”, remarcó.
Parte de lo que se pide determinar en asamblea es el llamado a una auditoria general en las cuentas de ADP. “Hemos pedido en Noviembre que se haga esta asamblea para que se aclare de una vez sobre estas denuncias (…) los representantes tienen la obligación de defender nuestro salario, nos están ofreciendo el 23 por ciento (…) estamos ahí de la línea de pobreza”.
De momento, en Salta Capital se llevará a cabo asamblea el viernes 15, a las 18 horas en el Centro Vecinal de barrio 20 de Febrero (frente al Estadio Delmi), calle Necochea.
“Tribuna Docente siempre ha denunciado la corrupción en ADP, desde los tiempos de Virgilio Choque (…) cuando él llegó a ADP cerró las asambleas en las escuelas, nos ha desafiliado y ha perseguido a los docentes de Tribuna Docente (…) las patotas de Choque y Argañaraz siempre defendieron cuadros adulterados, el negociado de los títulos y los desfalcos sobre las finanzas del Sindicato”.
El último golpe fue el emprendimiento Virgen de Urkupiña, que Venencia tachó de “negociado personal de Patricia Argañaraz y Margarita Cerezo” y que no le corresponde a ADP hacerse cargo “de esa estafa”, pero que ha dejado a varios docentes en la duda por los fideicomisos.
“Necesitamos líderes que nos planteen seriamente la Ley 2020, la reforma jubilatoria (…) en vez de encargarse el Ministerio de Educación de las denuncias de títulos falsos, nos trata a 3.000 docentes como sospechosos de poseer certificados falsos”, cerró ya en referencia a la Resolución 780.
