El 24 de marzo de 1976 comenzaba en Argentina una de las épocas más oscuras de nuestra historia. En la madrugada de ese día, superiores de las Fuerzas Armadas tomaron el poder a través de un golpe de Estado y derrocaron al entonces gobierno constitucional de Isabel Perón. Comenzaba la dictadura cívico-militar, que duraría hasta 1983.
La Operación Cóndor o Plan Cóndor fue el nombre con que se conoció el plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales en Sudamérica; Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador; con participación de los Estados Unidos, llevada a cabo en las décadas de 1970 y 1980.
Esta coordinación implicó, oficialmente, “el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios contortura, traslados entre países y desaparición o muerte de personas” consideradas por dichos regímenes como “subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto, o no compatible con el gobierno de los Estados Unidos y por tanto con las dictaduras militares de la región”.
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia; instaurada por Ley Nacional 25.633; es una fecha en la que se conmemora y busca mantener vivos en la reflexión y memoria social los tristes acontecimientos producidos en la última dictadura militar. No con el objetivo de depositar una visión estática sobre aquella etapa tan oscura, no con el objetivo de perpetuar un ánimo social irreparable, no con la intención de vivir con la mirada puesta en el pasado.
Pero sí con el objetivo de tener presente los errores cometidos y las consecuencias terribles que pueden desprenderse, sí con el objetivo de una consciente muestra de respeto por las familias víctimas de la desaparición de un hijo, una hija, una nieta o un nieto, sí con el objetivo de buscar justicia y dar luz a los acontecimientos que tuvieron lugar en aquella triste etapa de la historia argentina.
En 2017, el episodio más reciente sobre el 24 de Marzo tuvo a Mauricio Macri en el centro de la polémica. Mediante un Decreto de necesidad y urgencia (DNU), ordenó que el feriado sea “movible”. La decisión fue ampliamente criticada por Organismos de Derechos Humanos, sus propios aliados del gobierno nacional y la población en general.
La presión social por conservar una fecha que ya es icónica en las efemérides argentinas, logró que se diera marcha atrás con el DNU y se conservara en su fecha original.
Debacle y fin de la Dictadura Civico Militar
En 1978, con Argentina sede del Mundial de Fútbol, agrupaciones de madres y familiares de jóvenes militantes desaparecidos, expusieron ante la prensa internacional la gravedad de la situación social que se vivía bajo el régimen militar. Todavía gobernaba la Primera Junta Militar, que integraban el Tte. Gral. Jorge Videla, el Almirante Emilio Massera y el Brig. Gral. Orlando Agosti.
La Tercera Junta, que presidía el Tte. Gral. Leopoldo Galtieri (con el Almirante Jorge Anaya y el Brig. Gral. Basilio Lami Dozo), fue la que declaró la Guerra del Atlántico Sur a Reino Unido, por la soberanía de las Islas Malvinas en 1982. La creciente animosidad contra la Dictudura fue aplacada unos meses, pero la derrota de las fuerzas militares argentinas provocó que se elegiera una Cuarta Junta.
Esta, encabezada por el Tte. Gral. Cristino Nicolaides, llamó a elecciones democráticas, las que se fijaron para el 30 de octubre de 1983. En estas elecciones, Raúl Alfonsín; de la UCR; resultó vencedor y sus primeras medidas fueron crear la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), y luego promovió el Juicio a las Juntas.
Cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Al mismo tiempo otros responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. Presionado por la cúpula militar y sectores sociales que veían comprometido su accionar durante la Dictura, Alfonsín dictó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, con lo que se puso fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Carlos Menem; presidente de Argentina entre los años 1989 y 1999; los indultó entre los años 1989 y 1990. Esto llevó a que los familiares de desaparecidos buscaran apoyo en el exterior. España, Italia, Alemania y Francia iniciaron acciones contra Argentina por la desaparición de ciudadanos de esos países. Fue el Tribunal de Núremberg (Alemania) el que pidió la extradición de Videla y Massera.
En 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la Nación y los juicios se reabrieron.
