Greenpeace.- La Auditoría General de la Nación; AGN; publicó un informe sobre la implementación de la Ley de Bosques en el que advierte sobre la violación de la normativa nacional en la provincia de Salta. Mediante el reporte, que fue realizado en 2017 pero que tomó estado público hace unos días, la AGN exige la anulación de los permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.
El organismo nacional advierte que en la provincia de Salta “se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60%, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas”.
Frente a esta situación, la AGN señala: “Estos desmontes deben ser categorizados como desmontes ilegales si tenemos en cuenta que una norma provincial no puede alterar nunca los estándares mínimos de protección ambiental otorgados por las leyes nacionales de presupuestos mínimos. (…) Salta debería anular los permisos de desmontes aún no ejecutados para que esas tierras recuperen el valor de conservación anterior. Y recomponer las áreas afectadas por los desmontes ya realizados”.
Entre las 32 fincas que recibieron permisos de desmonte en bosques protegidos se encuentra La Moraleja S.A., que deforestó 3.000 hectáreas y es uno de los principales proveedores de jugo concentrado de limón de The Coca-Cola Company. Greenpeace reclama a ambas empresas que reforesten toda el área desmontada, pero hasta ahora las compañías se comprometieron a restaurar 1.400 hectáreas.
En la misma línea que la AGN, la Resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respalda el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declara ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas (150.000 hectáreas) e insta a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
