Greenpeace expresó su preocupación y solidaridad con las comunidades afectadas y señaló que las áreas afectadas por las inundaciones en la provincia de Salta; los departamentos General San Martín y Anta; que fueron los que tuvieron la tasa más alta de deforestación.
“El agua pasa sin freno por la finca La Moraleja, donde se desmontaron más de 3 mil hectáreas de alto valor de conservación protegidas por la Ley de Bosques”, describió Noemí Cruz, de la Campaña de Bosques de Greenpeace en Argentina. “Permitir la destrucción del paraguas natural tiene consecuencias. Las inundaciones que hoy afectan a la zona de Apolinario Saravia son el resultado de la enorme deforestación en la zona”.
Según datos oficiales, en la provincia se desmontaron 1.406.005 de hectáreas de bosques nativos entre 1998 y 2017. Los bosques nativos tienen funciones irremplazables para equilibrar los ecosistemas y funcionan como esponja y paraguas naturales para proteger el suelo. Según el INTA, el bosque chaqueño absorbe diez veces más lluvia que los cultivos de soja y tres veces más que la ganadería.
Si bien el ecosistema es dinámico y se repone, la explotación descontrolada hace que se reduzca la capacidad de resiliencia y disminuye la posibilidad de mitigar el impacto de las lluvias en tan escaso tiempo.
“Es hora de que el gobernador sancione a quienes destruyen los bosques. Además de asistir a los afectados y realizar obras reparadoras, el Estado debe garantizar que los responsables de dañar el bosque que los protegía no sean indultados. Hace más de cuatro meses que Urtubey se comprometió con la Nación a evaluar estos desmontes y aún no se conoció el resultado. Estos crímenes no pueden quedar impunes”, agregó Cruz.
La administración provincial había suspendido la ejecución de 32 desmontes a partir de la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, que respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional. Los 32 permisos otorgados por Urtubey para deforestar en áreas protegidas fueron considerados ilegales y se instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Sin embargo, Greenpeace comprobó mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que las topadoras siguieron arrasando bosques nativos en al menos tres fincas: Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas).
“A esta situación crítica, se suma que en el presupuesto nacional del año próximo la partida asignada para la protección de los bosques es de 570.500.000 de pesos, con lo que nuevamente se viola lo establecido en la Ley 26.331 en materia de financiamiento, ya que representa sólo el 4 % de lo que la normativa establece, que debería ser el 0,3 % del presupuesto nacional, es decir 12.500 millones de pesos”, finalizó Cruz.
