Región Norte Grande.- En 2012, los ministros de educación provinciales acordaron extender el calendario escolar en forma progresiva hasta alcanzar los 190 días de clase. Hasta hoy la meta no se cumplió y el próximo ciclo lectivo tendrá 186. Entre paros docentes, festividades locales, jornadas de capacitación y otras vicisitudes, las escuelas dictan menos clases del número teórico. En al menos 10 provincias se desconoce un dato crucial porque no se cuenta con el registro pertinente.
Solo 7 provincias argentinas; Córdoba, Corrientes, Mendoza, Río Negro, San Juan, San Luis y Santa Fe; informaron que cuentan con sistemas de información educativa que les permite conocer la cantidad de días de clase dictados, según un estudio del Observatorio Argentinos por la Educación que recolectó datos de 17 provincias.
“¿El sistema permite conocer la cantidad de días de clase dictados?”, fue una de las preguntas de la encuesta, que se distribuyó a todos los ministerios de Educación jurisdiccionales. Ante la consulta, diez provincias respondieron que no; Buenos Aires, Catamarca, CABA, Chubut, Formosa, Jujuy, Neuquén, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
La encuesta también indagó en otras cuestiones relativas a cómo se relevan, procesan y publican datos educativos. Por caso, encontró que solo 7 provincias; Catamarca, Córdoba, Mendoza, Río Negro, San Juan, San Luis y Santa Fe; respondieron que sus sistemas permiten conocer la asistencia de al menos el 90% de los alumnos.
La cantidad de información disponible mejora cuando se trata del seguimiento a los docentes. En la mayoría de los distritos sería posible saber si los docentes faltaron a la escuela y el tipo y duración de las licencias. Otras tantas jurisdicciones también cuentan con datos sobre infraestructura: el estado de los edificios escolares, sus condiciones de accesibilidad como rampas y sanitarios adaptados, y los servicios que cuentan a disposición (agua, electricidad, gas e Internet).
Si se observa cuántas provincias cuentan con información sobre estudiantes, docentes, salario y presupuesto e infraestructura, son solo 5 de las 17 que respondieron: Buenos Aires, Catamarca, Mendoza, Río Negro y Santa Fe. Cabe remarcar que siete provincias no contestaron la encuesta y en casi ningún caso ofrecieron razones, según los autores del estudio.
El ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Nación, Alejandro Finocchiaro estuvo en la presentación del informe; al igual que Irene Kit, presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos.
Juan Llach, miembro de la Academia Nacional de Educación, consideró: “Después de una época bastante oscurantista en información, veo que hay una mejora en el relevamiento. Es importante porque se habla de política educativa de forma demasiado cualitativa y el dato cuantitativo es muy importante. En la cara negativa, el informe muestra todo lo que falta hacer para contar con la información necesaria para la toma de decisiones, tanto de las familias y de los alumnos como de las autoridades políticas”.
Argentina está muy lejos de otros países de la región, que sí cuentan con sistemas robustos de registro de información educativa. En Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay tienen sistemas con datos nominales por estudiantes y docentes. Es decir, pueden hacer seguimientos personalizados de la trayectoria de cada alumno y del desempeño de cada educador. Esos datos permitirían, entre otras cosas, detectar posibles abandonos escolares antes de que sucedan.
Nuestro país también había avanzado en ese punto con la creación del Sistema Integral de Información Digital Educativa (Sinide). El ministerio de Educación nacional lo elaboró en 2012, se aprobó su implementación en 2014 y se ratificó su relevancia en 2016, pero aún no funciona como fuente de estadística educativa.
Hasta hoy, tan solo tres provincias indicaron que utilizan la aplicación. Buenos Aires desde 2016, Santiago del Estero desde 2017 y Jujuy desde 2018. A pesar de haber sido la última en implementarlo, Jujuy es la única que asegura que su cobertura supera el 70% de las escuelas.
Al respecto, Inés Cruzalegui, directora nacional de planeamiento de políticas educativas, advirtió que la resolución del Sinide contempla dos estrategias de adecuación: la carga directa al sistema nacional y la carga a través de los sistemas jurisdiccionales.
“Estamos trabajando fuertemente para que el Sinide ocurra y tengamos una base de datos nominal. Muchas provincias crearon sus sistemas propios más allá del Sinide y exigir una doble carga no sería viable”, dijo.
La funcionaria también adelantó que está en proceso la transferencia de la información provincial a una base de datos nacional. “En el plazo de un año esperamos tener al menos la base nominal de estudiantes de todo el país”, proyectó.
