Arturo Barroso, uno de los referentes sociales de la comuna criolla, se mostró decepcionado por no poder exponer ante la comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los principales puntos que preocupan sobre todo en Santa Victoria Este. La comisión recorrió ayer tres puntos en el chaco salteño y en Victoria, se quejó, se privilegió la palabra de los originarios.
En la tarde de ayer viernes, en la sede de la OFC de Santa Victoria Este, se reunieron los jueces de la Comisión con los pobladores criollos.
“Formo parte del proyecto desde hace 30 años, desde su creación (…) teníamos muchas cosas que decir, creo que hemos dado la impresión que todo es amor y paz acá y no es así”, y seguidamente se lamentó que “hemos perdido la gran oportunidad de decir las cosas como son, mostrar la realidad de nuestro chaco salteño y preguntar también que se hizo con tanto dinero, que no condice con nuestra realidad”.
El dirigente tenía 18 años cuando “la criollada” comenzó a organizarse ante el reclamo de los lotes. “Tomaron la palabra las comunidades (…) los jueces se llevaron los contactos de varias personas y vamos a ver que pasa más adelante (…) nosotros estamos en una encrucijada de que el día de mañana salga el fallo y sea en contra nuestro; qué vamos a hacer después”.
Barroso trajo a colación que en los inicios de la causa de Lhaka Honhat es dijo que en los lotes solo habitaban originarios y esto no es del todo cierto, calificándola de “malintencionada”. Señaló que los primeros criollos en poblar la zona lo hicieron con el solo fin de “resguardar la patria”.
“Había que demostrar que los criollos también tenemos historia (…) somos tercera generación acá; 1902, 1903 y 1908; y nuestros bisabuelos fueron estafados en su buena fe porque el Estado Nacional jamás se ocupó de ellos y jamás cumplió con lo que había prometido (…) darles esas tierras (…) y entregarles las escrituras alguna vez”.
Remarcó que en 1930, las únicas comunidades que existían en la zona; en la ribera del Pilcomayo; eran Misión La Paz y Misión Chaqueña; y solo después de la Guerra con Paraguay y Bolivia (1930 en adelante) es cuando comienzan a ingresar aborígenes a la región, “eso también tiene que verse”.
Gran parte de la población vive en la misma inquietud, y la posibilidad de un fallo afín a las comunidades originarias los lleva a plantear que “después nadie los va a frenar”, como se expresaron ya en alguna oportunidad.
“Ahora nos resta esperar qué es lo que los jueces van a fallar y en qué situación nos vamos a encontrar más adelante (…) aseguraron que antes de fin de año tendremos el fallo en las manos (…) va a perjudicar al estado nacional; va a tener consecuencia en sus relaciones al exterior”, analizó, ya que quedaría como que Argentina no cumple con los derechos humanos.
“No hablamos de abandonar (…) el traslado es voluntario (posibilidad que se planteó ya una oportunidad) (…) la criollada no se va a mover, seguramente esto va a desatar en algún punto conflicto serio, porque no lo pueden manejar así. Nosotros tenemos historia acá y eso se lo tiene que respetar “, finalizó.
