En una encuesta realizada actualmente a docentes, el 90 % de los profesores encuestados asegura haber vivido algún caso de violencia en las aulas, otro 75 % afirma que ha perdido respeto y nivel de autoridad. Además, una cuarta parte de los entrevistados asegura o piensa que la vida laboral en el centro educativo no es ni muy placentera, ni agradable.
El temario dispuesto para la sesión del miércoles 13 consta de nueve puntos; que incluyen redebatir el Boleto Gratuito, eliminar el uso de los sorbetes de plástico, reformas vinculadas al ejercicio de la profesión de Abogados y Procuradores, y disposición de enfermera para Payogasta.
El proyecto de ley para crear la figura del “Defensor del Docente” (a la manera de Mendoza) tiene como autoras a Gladys Moisés y Norma Lizárraga (Bloque Cambiemos PRO). En sus fundamentos propone erradicar todo tipo de violencia contra los docentes en los establecimientos educativos, públicos o privados, en la provincia.
Adosan también que la figura de un Defensor se hace necesaria a raíz de resultados difundidos por una encuesta, en donde los docentes manifestaron en un 90 por ciento haber vivido algún caso de violencia en las aulas, mientras que otro 75 por ciento afirma que ha perdido respeto y nivel de autoridad dentro de las aulas
Se agrega que una cuarta parte de los entrevistados asegura o piensa que la vida laboral en el centro educativo no es ni muy placentera, ni agradable. “El docente manifiesta la falta de apoyo por parte de sus superiores, las autoridades competentes como así también de los padres cuando se reúnen con ellos“, finaliza el documento.
Si bien los datos no dejan de ser preocupantes ante los casos de violencia registrados en la provincia, los números corresponden a sondeos realizados por el Centro Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de España.
Por otra parte, es de recordar que en la provincia de Salta rige la ley 8.038 “Violencia contra Trabajadores de la Educación”; desde noviembre de 2017, que incorporaba el artículo 74 bis del Código Contravencional de la Provincia de Salta (Ley 7.135).
En ese artículo se establecían hasta veinte días o multa de hasta veinte días para los que ejercieran violencia contra un trabajador de la educación; ya sea en un establecimiento educativo de gestión pública o privada; sea o no docente, siempre que la conducta no constituya delito.
