El Chaco Informa.- El gobierno de Jeanine Áñez, aprobó el Decreto Supremo 4078 que autoriza a las Fuerzas Armadas de Bolivia a realizar operaciones que buscan el restablecimiento del orden público, y; en caso de necesidad de asumir medidas extremas; estarán al margen de cualquier responsabilidad penal.
La medida fue criticada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; CIDH; y Aministía Internacional (AI), además de representantes del Movimiento al Socialismo, MAS.
El ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, en una conferencia de prensa dijo que la exención de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas sólo se aplica para casos de “legítima defensa o estado de necesidad”. “No significa que las FFAA tengan licencia para matar”, indicó.
El artículo tercero del decreto establece que “el personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal en cuanto al cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o en estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal, Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.
Este artículo causó preocupación en instancias que velan por los derechos humanos, como la CIDH, que calificó la norma como “grave”, debido a que “desconoce los estándares internacionales de derechos humanos”.
Además, por su estilo, “estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos”, se pronunció la CIDH a través de Twitter.
Por su parte, Amnistía Internacional señaló que, con este decreto, Bolivia “estaría violando estánderes internacionales de derechos humanos al dar vía libre a las FFAA para actuar en los operativos de restablecimiento del orden interno sin riesgo de tener que responder penalmente por sus actos”.
“El personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad proporcionalidad”, dice la norma.
La Policía y las Fuerzas Armadas realizan operativos conjuntos desde el pasado lunes para mantener el orden, tras el caos en que se sumió el país desde el día antes que Morales anunciara su renuncia.
