Ministerio Público Fiscal.- El Estado Plurinacional de Bolivia remitió a la Argentina el pedido de extradición de Claudio Manuel Romero y Miguel Epifanio Murillo, requeridos para ser juzgados por el delito de homicidio agravado en San José de Pocitos, hecho que data de 2017.
El entonces Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación (actual Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) remitió al Ministerio Público Fiscal el pedido de extradición, a los fines de su judicialización.
Teniendo en consideración que se encontraban detenidos en la Alcaldía nº 2 de Tartagal por una causa local, el Ministerio remitió el pedido al Juzgado Federal de Tartagal (con jurisdicción en dicho centro penitenciario), donde tramitó el correspondiente proceso de extradición; todo en función de lo establecido por los artículos 22 y 111 de la ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal.
Juicio de extradición por videoconferencia
En atención a la situación de emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia, las distintas medidas adoptadas al respecto por el Poder Ejecutivo Nacional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se realizó el correspondiente juicio de extradición por el sistema de videoconferencia.
En la audiencia, el fiscal a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Tartagal, Marcos César Romero, en representación del interés del Estado requirente, efectuó un detallado análisis de los requisitos contemplados en el tratado que regula las relaciones de extradición entre ambos países: el Tratado de Extradición suscripto entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia.
Posteriormente, el titular de la DIGCRI, Diego Solernó, realizó un análisis de las causales de denegación previstas en dicho tratado y las previsiones de la Ley Nº 24.767 que guardan relación con cuestiones de derechos humanos.
Finalmente, Romero concluyó que se encontraban presentes las condiciones para hacer lugar a la extradición, por lo que solicitó se declare procedente el pedido formulado por el Estado Plurinacional de Bolivia respecto de Claudio Romero y Miguel Murillo.
Luego de producido el alegato de la defensa técnica, y las réplicas que tuvieron lugar, el Juzgado pasó a deliberar y finalmente declaró procedente la extradición, de conformidad con lo requerido por el MPF.
De esta manera, el MPF ha participado de un nuevo juicio de extradición por videoconferencia, que se suma al celebrado en relación al pedido efectuado por la República de Chile respecto de Jorge Alberto Vulcano por hechos de abuso sexual infantil, con intervención de la Fiscalía Federal nº 2 de Primera Instancia de Neuquén, a cargo de María Cristina Beute, y colaboración de la DIGCRI.
