Ministerio Público de Salta.- El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, imputó el lunes 10 de agosto al intendente de Santa Victoria Este, Aldo Rojelio Nerón, por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de autor.
La acusación se basa en la falta de respuestas al Concejo Deliberante sobre patrimonio, convenios, ingresos y egresos de fondos al Municipio y otras cuestiones vinculadas con el erario público; además de un supuesto abandono a las comunidades, denunciado por caciques de la zona.
Nerón se presentó con defensa particular y declaró.
Según consta en las actuaciones, Nerón no contestó pedidos de informes recibidos desde diciembre del año pasado, referidos a recursos disponibles, ingresos por recaudación, coparticipación provincial y otros.
A las denuncias las radicaron el vicepresidente del Concejo Deliberante de Santa Victoria Este, Samuel Gilobero y Abel Mendoza, quien lo hizo en representación del Movimiento Indígena integrado por los caciques Mateo Torres (Santa María), Leopoldo Gaby (Alto la Sierra), Gabriel Lozano (Pozo el Tigre), Marcos Lucas (Misión la Puntana), Laurencia Peres (viuda de Pedro Lozano, exintegrante del Gabinete Municipal), Ignacio Pérez (cacique) y Juan Frías (secretario).
En su denuncia, los caciques afirmaron que el 29 de julio pasado, Nerón no respondió a los caciques sobre las consultas referidas a módulos alimentarios, pozo de agua, programa Ticket Hay Paz, copa de leche y coordinación de ANSES respecto de la atención al público de la ayuda social.
Y sumaron el posible abandono de la viuda del exsecretario de Obras Públicas de Santa Victoria, Pedro Lozano, quien tiene 6 hijos y no cuenta con ayuda alimentaria. Sobre este punto en particular, Nerón aseguró durante la audiencia de imputación que ofreció empleo a un hijo de la viuda, pero no lo aceptó.
En tanto, sobre la convocatoria del Concejo Deliberante al Intendente y la persona responsable de la Secretaría de Hacienda, la documentación indica que no fue contestada la citación a informar con carácter de urgente, sobre la situación del establecimiento municipal, la disposición y distribución de módulos alimentarios, pozo de agua en la zona, funcionamiento del COE y control municipal de los camiones entrantes y salientes atento a la situación pandémica del Covid-19.
El Concejo también pidió documentación respaldatoria sobre ambulancias adquiridas por el municipio; ingresos de ATN (Aportes del Tesoro Nacional); licitación y factura de cobros de antenas portantes en municipio; ingresos actuales del municipio, cantidad de personal de planta contratada, planta política y transitoria; contrato con agentes prestadores de servicios del municipio, bienes inmuebles a disposición; convenios con el Ministerio de Salud, Recursos Hídricos y Vialidad; situaciones de las aseguradoras y empleados municipales; novedades sobre presupuesto municipal por parte de la Auditoría General de la Provincia, entre otros.
El Intendente también aseguró durante la audiencia, que aportará la documentación correspondiente al estado patrimonial del municipio.
Cazón consideró que en base a los elementos reunidos, correspondió la imputación informada al jefe comunal, el lunes 10 de agosto.
