El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso la conformación de una Unidad Fiscal de Investigación, que estará integrada por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke y por el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot. La Unidad fue creada tras las publicaciones periodísticas de distintos medios en contra del actual intendente de Salvador Mazza, de las que surgió que el jefe comunal vetó una ordenanza que solicitaba al Ejecutivo Municipal, una ayuda económica destinada a dos familias cuyos hijos padecen de leucemia.
La ordenanza, oportunamente aprobada por el Concejo Deliberante de Prof. Salvador Mazza, estaba destinada a beneficiar a personas que padecen leucemia, principalmente a quienes se encuentren afuera de la comuna y que transitan la enfermedad.
Los fiscales ordenaron las primeras medidas tendientes a esclarecer el hecho. Es que entre las facultades del Procurador General, se encuentra la de diseñar la política criminal y organizar la persecución penal del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de promover una adecuada administración de justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
La ordenanza
La concejal Marisa Valdiviezo; autora del proyecto mediante el cual se aprobaba otorgar «ayuda económica para la señora Yenny Barroso, madre de un menor de edad que padece leucemia«; fue quien hizo público que el intendente vetó la ordenanza y agregando que el jefe comunal remarcó que «en caso de llegar a insistir el pedido de la misma se reserva (el ejecutivo) el derecho de solicitar ante la justicia el conflicto de poderes».
