Poder Judicial Salta.- El próximo martes 22, a las 14 horas, en el Salón del Tribunal Electoral comenzará el debate del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra la Defensora Oficial Civil 1 de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz. Las audiencias se extenderán hasta el viernes 25 y serán encabezadas por el presidente de la Corte de Justicia y titular del Jury, Guillermo Catalano. Son dos las acusaciones contra la defensora oficial y se encuentra suspendida provisoriamente de sus funciones y desde el 28 de abril pasado se le trabó embargo sobre el treinta por ciento de los haberes.
El Defensor Oficial de la Provincia, Pedro García Castiella, le atribuye las causales de mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. Esto porque fue designado en su reemplazo el Defensor Multifuero de Embarcación, Luis Veliz, quien puso en conocimiento la existencia de carpetas sin inicio de trámite alguno. Tras un inventario se confirmó la existencia de 403 casos presuntamente sin tramitar y correspondientes a los años 2014 a 2020. Y del período 2017 a 2020 se observaron 262 casos en condiciones de iniciarse oportunamente, pero sin haberlo hecho.
Entre las causas sin iniciar se encuentran acciones de cuidado personal, peticiones de guarda judicial, tutela, restricción de la capacidad, medidas de protección, pedidos de alimentos o su ejecución de ya regulados, interdictos de recobrar posesión, promociones de divorcio unilateral y bilateral, peticiones de inscripción de nacimiento, defunción, rectificación de partidas, juicios por cobro de pesos, informaciones sumarias, filiación, de régimen de comunicación, impugnaciones a la paternidad, juicios sucesorios, de intervenciones en expedientes de violencia familiar, juicios laborales, medidas autosatisfactivas, pedidos de desalojos, entre muchos otros que consigna la acusación del Defensor Oficial de la Provincia.
La segunda es del Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo; que acusa a la defensora oficial en los términos de los artículos 160 y 165 de la Constitución de la Provincia de Salta y 11 de la Ley 7138, imputándole la comisión de delito común, mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. Díaz fue denunciada junto a Paola Alejandra Díaz (concejala del municipio Tartagal) por su hermana, Sandra Liliana Díaz por tener acopiado en la casa propiedad de su madre fallecida (Blanca Zulema Hurtado; en Villa Saavedra; donaciones efectuadas por fundaciones y organizaciones intermedias. Además de no ser entregadas a sus destinatarios (miembros de la comunidades wichi), eran comercializadas en distintos lugares de la ciudad.
“Díaz, Paola Alejandra; Díaz, Rosa Fabiola por administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos – denunciante Díaz, Sandra Liliana”, es la carátula de la causa que se tramita en el Juzgado de Garantías 1. En su acusación el Procurador General de la Provincia concluyó que “que la conducta de la magistrada no fue la requerida por la Constitución Provincial (artículo 166), requisito ineludible para la conservación del cargo, al ejercer sus prerrogativas funcionales de manera irregular, incurriendo en conductas pasibles de reproche penal y que contradicen el marco normativo que rige la actuación de los defensores oficiales que integran el Ministerio Público de Salta”.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es encabezado por el presidente de la Corte de Justicia Guillermo Catalano e integrado por el Juez de Corte Horacio José Aguilar; el Fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina; el Senador Jorge Pablo Soto, designado por la mayoría de la Cámara de Senadores; la Senadora María Silvina Abilés, designada por la primera minoría de la Cámara de Senadores; el Diputado Esteban Amat Lacroix, designado por la mayoría de la Cámara de Diputados; la Diputada Alejandra Beatriz Navarro, designada por la primera minoría de la Cámara de Diputados; Luis Guillermo López Mirau, abogado de la matrícula designado por la Cámara de Senadores, y Pedro Mellado, abogado de la matrícula designado por la Cámara de Diputados.
