Alberto Romero, secretario general del Sindicato de los Petroleros Privados del gas y petróleo, se refirió a la alarmante situación de 300 trabajadores que ven peligrar sus puestos desde diciembre de 2016, por disposición de la empresa Petro AP y que mantenía sin cambios. La pasada semana, petroleros se convocó a medida de fuerza y el Ministerio de Trabajo convocó a conciliación obligatoria.
La explicación que brindó la empresa fue su “complicada y crítica situación económica, (…) que le impide cumplir con los compromisos asumidos”. En diciembre de 2016 dispusieron que 300 trabajadores permanecieran en “stand by”, situación que mantuvieron en enero y febrero. No hubo renovaciones de contratos y tampoco se pagaron a los contratistas.
“En marzo nos informaron que la empresa está en una complicada y crítica situación (…) con algunos bienes embargados”, informó Romero, “pero allí también nos dijeron que la empresa Producer; que opera el yacimiento Caimancito y que nuclea a 22 trabajadores; va a trabajar hasta el 30 de marzo”.
De allí que enviaran una nota intimando Petro AP SA a reincorporar a la totalidad de trabajadores dentro de las siguientes 48 horas; al mismo tiempo que planteaban la situación de Caimancito. Para el día 23 se llamaron a una medida de fuerza, por lo que el Ministerio de la Nación llamó a conciliación obligatoria el día 22.
“Hoy estamos viajando a Capital para la audiencia que llamó el Ministerio (de Energía de Nación)”, señaló Romero, “pero también el pasado martes, en un encuentro con el titular del Ministerio de Energía, se puso en conocimiento lo que sucede. (…) y quedamos en presentar una nota con el resto de los compañeros para que se cite a los secretarías de energía de Jujuy, Formosa y Salta para que se revea la situación y se impida que estas empresas salgan del país”, hasta que salden sus deudas.
Romero hizo incapié en el vaciamiento que están haciendo las empresas (realidad que se denuncia desde hace años en la región), a la vez que argumentan bancarrota o “complicadas situaciones económicas” para no cumplir con los pagos a trabajadores y contratistas, o “pagarles con tickets o cheques que después les rebotan”, siguió.
“Queremos que el Ministerio obligue a que Petro AP retrotraer la medida, y que en el caso de Producer, que después del 30 de marzo no toque a los trabajadores. Tenemos que ver cómo darle solución al momento tan crítico que tiene la empresa”, enfatizó, si bien reconoció que es un reto “algo difícil”, sin el compromiso y acompañamiento de los gobiernos provinciales.
El Dato
– La empresa Petro Ap; de capitales chinos; comenzó sus operaciones en septiembre del año 2015 en el área Selva María (oeste formoseño). La expectativa estaba puesta en una futura integración al GNEA si se hallaban las esperadas cantidades de gas, por intermedio de un gasoducto con Ingeniero Juárez.
