El colectivo de organismos que apoya el pedido de sobreseimiento para la médica Miranda Ruiz, imputada en una causa por aborto sin consentimiento por la Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados de Tartagal, a cargo del Dr. Gonzalo Vega; llevó a cabo un despliegue de pañuelos verdes ante la Corte Suprema de Justicia de Salta. Posteriormente se llevó a cabo una conferencia de prensa con la presencia de abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables.
Recientemente, el INADI se presentó como amicus curiae ante el Tribunal de Impugnación de Salta reclamando el sobreseimiento de la Dra. Miranda Lucía Ruiz; a través del Programa Juridico de Género, Diversidad y Derechos Humanos; representado por su responsable, Dra. Analía Mariel Mas, y por la Dra. Maria Julieta Delpech, en la causa caratulada “Ruiz, Miranda Lucía”. El organismo señala que “este tipo de proceder por parte de la justicia vulnera el acceso a derechos como la IVE, ya que obstaculiza y criminaliza una práctica que es legal en nuestro país y que es un derecho adquirido por las mujeres mujeres y personas gestantes tras años de lucha”.
La Dra. Miranda atendió; junto a un equipo interdisciplinario; a una mujer adulta que solicitó la interrupción legal del embarazo. Luego de constatarse la causal salud y de recibir el aval de las autoridades jerárquicas del hospital, se llevó a cabo la práctica, que fue medicamentosa. Todos los pasos realizados constan en la historia clínica. No obstante la legalidad de procedimiento, una familiar denunció a Miranda y el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Vega, inició una imputación contra la médica por el delito de “aborto sin consentimiento” y la justicia denegó dos veces su sobreseimiento; detalla el comunicado dado a conocer esta semana por el Inadi.
En este marco, y en tanto que el 30 de diciembre de 2020 el Congreso Nacional sancionó la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE); el Instituto decidió intervenir y expresar su opinión respecto a la inexistencia de todo delito, solicitando se dictara el sobreseimiento de la Dra. Ruiz. En atención a lo que dispone la Ley 27.610 y el Protocolo de Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación, la conducta de la Dra. Ruiz se ajustó a derecho y, por tanto, su persecución no corresponde en un Estado de derecho pleno. El Estado debe garantizar que todas las mujeres puedan acceder a su derecho a decidir sin miedo. Y para esto es también necesario que los médicos puedan proceder sin temer por su libertad y su futuro profesional. (INADI/Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir)
