El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta continúa el juicio contra el ex jefe del Escuadrón Aguaray de la Gendarmería Nacional, Cmdt. Ppal. Marciano Alberto Páez; alférez Diego Ernesto Radaelli y Sgto. Rodolfo Ayala, ambos del Escuadrón 54 Aguaray; y Alberto Martín Crossa, finquero de Campo Durán. Audios y mensajes extraídos de los teléfonos secuestrados fueron base para que fiscalía demuestre la participación delictiva de los acusados; donde se exigían montos de hasta 250 mil pesos por semana.
El fiscal general Eduardo Villalba (Unidad Fiscal Salta) dirige la acusación contra los gendarmes y el finquero. El tribunal está integrado por los jueces Domingo Batule, Abel Fleming (presidente) y Gabriela Catalano. El jueves pasado, la audiencia se reanudó con la declaración del Sgto. 1° Marcos Coronel, jefe del Equipo de Análisis de la División Antidrogas de la Sección Aguaray, quien llevó adelante un estudio en función de los mensajes y audios que fueron extraídos de los teléfonos secuestrados; tanto a los acusados en el debate como a otros dos imputados que se encuentran prófugos.
Su declaración se extendió hasta el viernes 27 de mayo. Brindó un acabado detalle de los movimientos y acuerdos arribados por los acusados. Bajo el interrogatorio de la fiscalía, el testigo describió el rol de cada uno de los acusados, la gestación de la maniobra, la modalidad implementada para el paso ilegal de los camiones con granos, las disputas internas e incluso se refirió a los montos y forma de pago de los sobornos. El equipo de la Unidad Fiscal –a través de herramientas digitales- presentó a los jueces los audios, chats de conversaciones vía WhatsApp, videos e imágenes extraídas de los distintos teléfonos, con lo cual la hipótesis delictiva quedó fortalecida.
Además de ser el primer caso sobre este delito en llegar a juicio bajo el sistema acusatorio, la causa refleja aspectos que se daban por sabidos en la materia, pero que no habían podido llegar a debate debido a la ausencia de los responsables ubicados en los eslabones superiores de la cadena de contrabando, situación que, en este caso, se da prácticamente a la inversa.
Primera fase
Coronel explicó que la maniobra consistía en liberar la ruta para el paso de los camiones con granos hacia Bolivia. Sostuvo que esta función estaba a cargo de los gendarmes acusados y que Crossa era una pieza clave en todo el andamiaje delictivo, ya que su finca era la puerta que coronaba el contrabando. Los acusados recibían pagos de coimas que, en un principio, eran de 150 mil pesos, y luego llegaron hasta los 250 mil por semana. De los peritajes a los teléfonos surgía que esta modalidad comenzó en noviembre del 2020, y su mayor apogeo fue desde diciembre de 2020 hasta marzo del 2021, cuando el comandante Páez asumió la dirección de la organización.
La investigación del caso se vio robustecida con el secuestro del teléfono celular de uno de los prófugos. Se trata de Rodrigo Torrico, quien el 12 de marzo del 2021 intervino en un procedimiento para liberar el secuestro de dos camiones que fueron detenidos cuando llevaban aceite de soja.A partir del peritaje de ese aparato, se pudo establecer que el contrabando de granos estaba dirigido inicialmente por el Sgto. Ayala, quien operaba junto a Crossa para el paso de los camiones hacia Bolivia.
Con Ayala como referente, el flujo de camiones oscilaba entre los 5 y 6 camiones por semana. La ruta utilizada era la 34 hasta el cruce con la 54, que conduce a Campo Durán, donde los transportistas llegaban hasta la finca de Crossa (Km 79), por donde accedían a Bolivia. Según el testigo, el 21 de noviembre del 2020, Crossa recibió una notificación desde la jefatura del Escuadrón Aguaray, al mando de Páez. El oficio fue diligenciado por el alférez Radaelli, mano derecha de Páez, lo cual quedó probado en base a numerosos mensajes que ambos intercambiaban.
Para la fiscalía, la notificación, que solo hacía alusión a las obligaciones de los propietarios de terrenos colindantes con la frontera de otro país, preocupó tanto a Torrico como a Crossa. Este último asumió entonces un rol más protagónico en la maniobra, al romper relaciones con Ayala y dirigir la negociación hacia Páez. “Si tengo buen tino, podríamos estar trabajando todo el año”, sostuvo Crossa, en uno de los audios a Torrico; invitandolo a un asado en su finca, probado con audios del finquero. En el teléfono de Páez había mensajes con un subalterno pidiendo indicaciones de cómo llegar a la finca del kilómetro 79.
Nuevo arreglo
En otros audios difundidos en la sala, se advirtió como Crossa renegaba con Torrico respecto al arreglo para el paso de camiones. “Hay que agarrar la cabeza” y no pagarle a un “pinche o a un cabo”. En los audios expuestos, el finquero y el transportista debaten respecto a cómo debían insinuarle a Páez el soborno y los montos. Torrico sugirió “150”, recibiendo como respuesta de Crossa: “qué es 150”, a lo cual responde: “150 mil pesos por semana”; alentando a “don Crossita” que logre negociar con Páez que subiera el monto de la coima “hasta 200 mil”.
Tras este encuentro, Crossa comunicó a Torrico (nexo con los transportistas), que había una nueva persona con quien negociar. “Ya hice contacto con mi tocayo (refiriéndose a Alberto Páez)”, para luego explicar la nueva mecánica. Según surge de los audios, la forma no era muy diferente. Ya se había estipulado que a Páez debían pasarle fotos de las patentes de los camiones que iban a pasar, con la coima pagada. Páez, a través de Radaelli, definía una franja horaria para el paso de los camiones. De esta manera, el flujo se incrementó notablemente, hasta 25 rodados por día. Crossa llegó a castigar a los camiones que no querían arreglar, delatándolos con Páez, quien mandaba patrullas a interceptarlos.
Los audios causaron un gran impacto en la sala. Las defensas intentaron esgrimir algunos argumentos tendientes disipar el peso de las pruebas o a confundir al testigo. De esta manera, el debate transitó con la reproducción de más audios y chats de conversaciones, en los que se confirmó la participación delictiva del resto de los acusados y se hizo referencia a la cantidad de dinero que la maniobra les dejó a los imputados.
En el caso de Crossa se advirtió el manejo de millones de pesos, lo cual utilizó para comprar un equipo electrógeno de primera marca, ganancias que compartía con sus hijos, que quedaron registradas en un grupo de WhatsApp familiar. “Para ellos 250 mil por semana y para mí lo mismo”, se escuchó decir al finquero en uno de sus mensajes, tras una renegociación en torno al pago de los sobornos. (Ministerio Público Fiscal de la Nación)
