El fiscal penal de Salvador Mazza, Dr. Armando Cazón, citó par este lunes 27 en Ciudad Judicial Tartagal a la fuente informativa de irregularidades en la garita del VOVE a prestar declaración sobre este tema y en relación a las amenazas recibidas. La cita estaba programada, originalmente, para el viernes 24.
Citado por el fiscal Cazón, el periodista Raúl Costes respondió este lunes en Ciudad Judicial sobre la investigación realizada por irregularidades en la garita del VOVE y cuya documentación resultante entregó al comisionado interventor Adrián Zigarán. En otro tramo, se refirió a las denuncias e intimidaciones que recibió tras difundirse su nombre como fuente de todo el material que forma parte de la denuncia realizada por Zigarán.
“¿Con qué confianza puede hacerse una denuncia, si es anónima, cuando un funcionario expone el nombre de la fuente?”, cuestionó el periodista. “Todo es responsabilidad del gobernador Gustavo Sáenz, (…) todo lo que sus funcionarios hacen; así hablemos de nación, provincia y municipio; todo recae en su titular”, continuó. En dicha línea, y tras la repercusión de lo ocurrido, confirmó que se está en tratativas para ser recibido por el mandatario provincial, ante quien espera relatar en concreto la situación.
“Cuando Zigarán llegó a Salvador Mazza, vimos que hacía un buen trabajo, tuvimos la esperanza que Pocitos se organizara (…) pero también nos llamó la atención que algunos de los miembros del gabinete eran de la gestión Méndez (…) eso fue algo que se le hizo notar pero él los mantuvo (…) esa gente le ha contado muchas cosas de mi supuesto pasado”, afirmó. Tanto la Asociación de Periodistas de Salta (APES) como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se solidarizaron y pidieron intervención de Provincia para mediar en el conflicto.
Sobre la denuncia que finalmente radicó Zigarán sobre el VOVE y la consecuente exposición del periodista como fuente principal de la información adosada, en declaraciones vertidas; a su vez; manifestó que no creía que el comunicador fuera a sentirse afectado. El accionar del funcionario fue ampliamente repudiado, tanto a nivel regional como nacional. Cabe recordar que en el artículo 43, la Constitución Nacional consagra “el secreto de las fuentes de información periodística“.
“Un funcionario que revela fuentes de información puede enfrentar cárcel”, remarcó el periodista, remitiendo a lo que establecen en sus artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Toda vez que entrevistaba a Zigarán, preguntaba si había hecho la denuncia (…) todo el material se lo entregué el 20 de mayo. Él hizo la denuncia el 8 de junio (…) desde entonces, me ha atacado constantemente, cuestionando el trabajo que hago”, cerró.
