La jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de Tartagal, Griselda Nieto, encabezará este jueves 6 la audiencia pública en la causa amparo colectivo por el servicio de agua potable; Expediente 49.457/19. Dicha audiencia se desarrollará en el Salón de Grandes Juicios, desde las 8 de la mañana.
La causa se titula “Aracena, Héctor Armando; Espoz, Elías Carlos Alberto; Zerda, Sebastián Alberto; Zerda, Juan Ariel; Alvarado, Luis Alberto; Tejerina, Silvia Daniela; Acevedo, Benita; Alonso, Blanca Nelli; Codelco contra Cosaysa SA por amparo”; y es tramitada bajo Expediente 49.457/19. En la cita de mañana jueves se considerarán los avances y resultados del Plan de Provisión de Agua Potable para General Mosconi y Tartagal para los próximos cinco años (sentencia del 14 de mayo/2021).
La audiencia, además, se celebrará en forma presencial para los representantes de las partes y demás intervinientes en el cupo que el recinto permita; se remarcó.
Serán cuatro los principales puntos que se tendrán en cuenta:
1) Alcances
2) Plan Alternativo Estratégico de atención de situaciones de crisis/contingencias con alerta temprana
3) Plan de atención satisfactoria de reclamos del usuario y consumidor sanmartiniano
4) Informe de las reducciones arancelarias y detallando mes y el porcentaje reducido en cada uno de ellos conforme se ordenó en el punto VII de la sentencia
En la audiencia de noviembre de 2021, Luis María García Salado (presidente de Aguas del Norte) había expuesto el plan director a implementar en los próximos cinco años (incluía obras proyectadas y en ejecución en el departamento San Martín). Lo fundamental en los proyectos era independizar del acueducto Itiyuro-Tartagal-Mosconi a localidades intermedias perforando pozos profundos que las abastecieran.
Se espera que la nueva planta potabilizadora Tartagal produzca cerca de 800 metros cúbicos/hora de agua. En ese momento restaba la habilitación de los sistemas eléctricos para su total funcionamiento. A su turno, Marcelo Cerdeiro (abogado de Aguas del Norte) había detallado el destino de una suma cercana a los 15 millones de pesos (descuento obligado del 20 por ciento al usuario) para la acreditación futura en favor de cada uno de los afectados.
