El Juzgado Federal N°2, encabezado por la Dra. Mariela Giménez, reconoció la existencia material del asesinato de Antonio Rubén Fortuny; jefe civil de la policía provincial. El hecho ocurrió el 23 de noviembre de 1973. Fortuny era un dirigente político cercano al exgobernador Miguel Ragone; mandatario que a su vez fue asesinado el 11 de marzo de 1976.
La jueza federal N°2 de Salta, Mariela Giménez, declaró que el crimen del ex jefe policial Fortuny, perpetrado el 23 de noviembre de 1973, constituye una grave violación a los derechos humanos; y ratificó que sigue vigente la acción penal del caso, la cual ya había sido declarada el 17 de marzo de 2017 por el exjuez federal Miguel Medina (mismo juzgado), a instancia del fiscal general Eduardo Villalba. La nueva resolución declara el caso como “grave violación a los derechos humanos” y fue dictada el 10 de mayo en respuesta al pedido del 1 de septiembre de 2022 por el fiscal general Carlos Martín Amad (Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta).
Amad señaló que considera acreditado el asesinato ocurrido el 23 de noviembre de 1973 en la vereda del Hotel Victoria Plaza, ubicado frente a Plaza 9 de Julio, (Salta Capital), hecho adjudicado (autor material) a Emilio Pavichevich (ex integrante de la Policía de Salta); fallecido el 17 de septiembre de 1988. En base al relato del fiscal, alrededor de las 22 horas del 23 de noviembre de 1973, Fortuny se acercó a la mesa de un bar ubicado sobre calle Zuviría casi esquina Caseros (área del citado hotel). Allí se reunió con Pavichevicha, quien compartía mesa con Reinaldo Flores, Rafael Gaudelli, Julio César Salas y Roberto Hattis.
De pronto, el ex policía y la víctima comenzaron a discutir por motivos políticos hasta que Pavichevich intentó golpear a Fortuny, para luego tomar distancia y sacar una pistola, con la cual le apuntó. Desafiado por Fortuny, disparó y la víctima; herida de muerte; caminó hacia la entrada del hotel y cayó sin vida al piso. El asesino escapó por la calle Caseros. Al día siguiente viajó a Córdoba y posteriormente a Buenos Aires.
El 11 de agosto de 1975, Pavichevich se presentó espontáneamente en el Juzgado de Instrucción Tercera Nominación de Salta. Se dio inicio a la causa por asesinato, concluyendo el 30 de marzo de 1978 con una condena de tres años de prisión como autor del delito de homicidio en estado de emoción violenta, pena dictada por la ex Cámara Primera en lo Criminal. El planteo del fiscal Amad destaca que la muerte de Fortuny tuvo lugar días después de su renuncia como jefe de la Policía de Salta, en el marco de una campaña de persecución política y fuertes presiones por parte de otros jefes de la cúpula de entonces.
Para la fiscalía, se desplegaron “un conjunto de maniobras dirigidas a lograr la impunidad del homicida, en la que tomaron intervención grupos paraestatales organizados, y disidentes al gobierno de Miguel Ragone, los que actuaron al amparo de las estructuras estatales que controlaban”.
Argumentos
La jueza Giménez reconoció el análisis de la fiscalía en torno a tres aspectos fundamentales: la actividad política de Fortuny, su gestión al frente de la Policía de la Provincia de Salta y la persecución que sufrió en razón de esa actividad; el asesinato en sí mismo; los sucesos posteriores. Giménez remarcó también que; en 1958; Fortuny había resultado electo vicegobernador provincial como compañero de fórmula de Ragone, pero el mandato no pudo concretarse dada la anulación de las elecciones por la proscripción al peronismo. La magistrada también tuvo en cuenta que el hijo de la víctima (Rubén Fortuny) había referido que, por la condición de civil y su militancia política opuesta a la política de seguridad, Fortuny había sido fuertemente resistido desde el primer momento por parte de la cúpula policial, vinculada a las prácticas represivas de la época.
Fortuny llevó adelante una reforma orientada al cambio del papel represivo de la Policía para ponerla al servicio y cuidado de la población, para lo cual se propuso el desmantelamiento de las estructuras opresivas vigentes al tiempo de los hechos; ordenando que no se reprimiera la protesta social, clausurando los calabozos de la Central de Policía, entre otras medidas. Se agregó que durante el gobierno de Ragone (1973-1974), el mandatario mantuvo un enfrentamiento público con la cúpula policial por desbaratar la llamada “Banda de los Comisarios”, conformada por dicha cúpula; a la que adjudicaban numerosos hechos de tortura a perseguidos políticos.
En consecuencia de aquello, fueron procesados y encarcelados varios funcionarios policiales, entre ellos los máximos referentes comandados por el comisario Joaquín Guil; este último posteriormente procesado y condenado por delitos de lesa humanidad durante la época del terrorismo de Estado que siguió al depuesto gobierno de Ragone. Entre otras condenas, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta le impuso el 11 de octubre de 2011 prisión perpetua por el secuestro y crimen de Ragone.
Animosidad
El fiscal resaltó que Pavichevich no era ajeno al contexto de persecución que, ya en 1973, “la Banda de los Comisarios” realizaba en contra de funcionarios, militantes y seguidores de ese espacio político; y tanto Fortuny como Ragone “les ocasionaba una molestia que iba en aumento, debido a que no lograban expulsarlos del poder”. El asesinato de Fortuny “se inscribe como el primero y más significativo suceso de una larga sucesión de hechos de persecuciones sistemáticas que comenzaron a sufrir los integrantes del espacio político del ex gobernador, que se agravaron con la intervención federal de la provincia en el mes de noviembre de 1974″.
Al momento de resolver, la jueza resaltó la “clara obligación del Estado Argentino de investigar las violaciones a los derechos humanos, en tanto es un derecho de las víctimas y sus familiares conocer que es lo que verdaderamente ocurrió. En esa inteligencia, resulta razonable el dictado de una sentencia declarativa como la que aquí nos ocupa para satisfacer el derecho a la verdad”.
Por último, sostuvo que, en base a la prueba producida por el Ministerio Público Fiscal, “resulta posible reconstruir los hechos de los que fue víctima Fortuny, sobre la base de los testimonios y prueba documental obrante en el expediente, los cuales constituyen una grave violación de los derechos humanos”. (Ministerio Público Fiscal de Salta)
