Un grupo de cinco personas, dos de ellos empleados de la empresa Telecom, fueron imputados por robo de material y equipo necesario para ofrecer servicio ilegal de internet; tarea que venían desempeñando desde 2018 en dos barrios de San Ramón de la Nueva Orán, donde cobraban de 25 a 35 mil pesos por la instalación y abono mensual a 96 suscriptores. Las imputaciones son por delitos de entorpecimiento de telecomunicaciones en concurso real con estafa y hurto, en distintos grados para el grupo.
La investigación es llevada por el fiscal general Eduardo José Villalba (Unidad Fiscal Salta), por lo que la jueza federal de Garantías de Tartagal; Ivana Soledad Hernández; hizo lugar este lunes 12 a la imputación recaída sobre Walter Andrés Sosa Orellana, Antonio Alejandro Villafuerte, Walter Rafael Cañamero y Melisa Berón (pareja), y Joaquín Maximiliano (hermano) por el montaje de una empresa que proveía clandestinamente servicio de internet con materiales y la conexión a la red de propiedad de Telecom.
Las imputaciones para Sosa Orellana y Walter Cañamero (empleados de Telecom) fueron por los delitos de entorpecimiento de telecomunicaciones en concurso real con estafa y hurto, en ambos casos en grado de autores. Para Berón y Joaquín Cañamero es por entorpecimiento de telecomunicaciones, en grado de partícipe primario; y a Villafuerte se le imputó el delito de estafa, en grado de coautor. En todos los casos la jueza hizo lugar a las medidas de coerción requeridas por la fiscalía; presentación periódica ante la fiscalía de Orán y el compromiso de colaborar con la investigación penal.Al presentar el caso, el fiscal general explicó que las imputaciones surgen de actuaciones preliminares que se iniciaron a partir de la denuncia formal presentada por la empresa Telecom a mediados de octubre del año pasado, luego de reunir información sobre las irregularidades.
Sosa Orellana y Cañamero, empleados de la compañía afectada, fueron señalados como los principales responsables e ideólogos de la maniobra. La red ilegal funcionaba bajo los nombres WIFINET y Orán Conecta. Desde 2018 llevaban a cabo la actividad comercial que se extendió hasta el 1° de marzo de 2023, cuando la fiscalía solicitó una serie de allanamientos que permitieron desarticularla. Los destinatarios principales residían en B° 4 de Junio y Maravilla (Orán), donde la empresa no tenía ningún tendido de red. No obstante, y valiéndose de material y equipamiento de Telecom, los acusados montaron el servicio y lo comercializaron a 96 usuarios.
Por las redes sociales
El fiscal señaló que el servicio se ofrecía a través Facebook y WhatsApp, en cuya publicidad aducían que WIFINET llegaba a 19 barrios y que contaban con 200 usuarios, por lo que era necesario el pago de 25 a 35 mil pesos en concepto de instalación y un abono mensual de 3 mil pesos. Para la maniobra utilizaron cuatro módems contratados legalmente a Telecom. A través del cuales obtenían la señal, la que luego reproducían desde dos domicilios, en los cuales se habían instalados antenas emisoras. Los módems adquiridos consumían un promedio de 600 GB (Giga Byte) por día, cuando el máximo por contrato era de 350 GB por mes, evidencia del robo de la señal, direccionada a los suscriptores captados.
La querella agregó que también excavaron 300 metros para tender fibra óptica hasta una de las casas con antena, entendiendo que tenían previsto ampliar la capacidad de servicio. Todo el montaje de la red se logró por robo de material y equipamiento a Telecom, además del robo de señal. Hurtaron dos rollos de fibra óptica, cajas de conectores y cables, routers, accesorios de empalme, bolsos de herramientas e incluso arnés de seguridad. La maniobra se descubrió por sospecha de un cliente de Telecom, quien advirtió a esa empresa que en septiembre de 2022 le habían ofrecido el servicio de WIFINET, dejando a entrever que esa firma era de Telecom.
Posteriormente, se estableció que Cañamero tenía como imagen de perfil de su cuenta de WhatsApp el logo de WIFINET, expuesto cuando remitió a un superior un certificado médico para justificar una inasistencia laboral. Así, personal del área de Fraude de Telecom pudo establecer que el número del acusado estaba asociado al servicio clandestino de fibra óptica de internet. Con esta información, y con la auxiliar fiscal Roxana Gual, se llevaron a cabo tareas de campo e inteligencia criminal ubicando los domicilios de los acusados y otros más, donde se habían instalado las antenas, tanto transmisoras como receptoras de la señala robada.
Afectación y competencia
El montaje ilegal derivó en una saturación que provocó excesiva lentitud del servicio, tanto a los clientes legales como a los que contrataron a las empresas falsas; usuarios que nunca sospecharon del ardid debido a que los acusados en todo momento vestían los uniformes y vehículos de Telecom. Se sumó como evidencia que, el 1 de marzo (día de los allanamientos), se enviaron mensajes a los suscriptores para informar que tenían problemas técnicos, pero que debían igualmente pagar el abono, ya que era a mes vencido. Sobre la competencia, el fiscal dijo que “la Corte Suprema de Justicia puso límite al establecer que, ante afectación particular por robo de datos a través de medios tecnológicos, no es viable la competencia federal, lo que se invierte cuando, por su modalidad y ejecución, esté comprometida la prestación regular del servicio”. La defensa no planteó ninguna oposición. (Ministerio Público Fiscal de la Nación)
