Con una amplia manifestación realizada con 33 activistas de varias provincias, la organización medioambiental Greenpeace denunció públicamente al empresario agropecuario Juan José Karlen por la ilegal deforestación de 11.875 hectáreas de bosque. La justicia salteña había condenado al empresario a reforestar la zona, pero Greenpeace expone que el “plan de remediación del bosque (…) nunca se concretó, y siguen con su negocio agropecuario como si nada“.
La organización Greenpeace desplegó dentro de la finca propiedad de Karlen un cartel con un signo de pregunta gigante y la frase “¿Y el bosque?” y otros dos carteles en forma de cinta métrica para delimitar la superficie de una hectárea (100 metros x 100 metros), como una pequeña muestra de las 11.875 deforestados ilegalmente. La estancia (Finca Cuchuy) se ubicada a unos 20 kilómetros de Fortín Dragones (Departamento San Martín – Salta), y es propiedad del empresario agropecuario Juan José Karlen; cuyo caso fue denunciado por Greenpeace en 2013 y 2016.
El total del desmonte, resalta Greenpeace, es comparable en tamaño a media ciudad de Buenos Aires. La organización ecologista denuncia que Karlen lleva 10 años sin restaurar el bosque y con producción agropecuaria; por lo que abrieron una Consulta Popular para apoyar la penalización de desmontes ilegales e incendios forestales. En 2022, la justicia salteña rechazó un Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio interpuesto por Karlen y ordenó dar estricto cumplimiento al Plan de ejecución de Recomposición Ambiental. Cabe recordar que en la pena impuesta al empresario también se contemplaba la aplicación de astreintes (multas procesales diarias) a fin de agilizar las obligaciones de Karlen y hasta el 2021; en fecha que el apoderado legal recurrió; ya era un monto millonario.
“Se trata del desmonte ilegal más grande del país de las últimas décadas. Un ecocidio que realizaron durante varios meses con 18 topadoras y la AFIP los denunció por trabajo esclavo. Les aplicaron una multa por el desmonte, pero terminaron acordando un plan de remediación del bosque que nunca se concretó, y siguen con su negocio agropecuario como si nada. Este es un claro ejemplo de la impunidad con la que se viola la Ley de Bosques. El desmonte ilegal debe ser un delito penal”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
“Los bosques son fundamentales para la regulación climática e hídrica, y contienen la mayor cantidad de especies del planeta. Nos brindan recursos claves como alimentos, medicinas y maderas, y son el sustento y territorio de comunidades indígenas y campesinas. Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación ilegal y los empresarios suelen incluirlas como un costo más de producción. Invitamos a la gente a votar si considera que se debe penalizar su destrucción”, señaló Cruz.
En el fallo judicial del 2018 se demandaba al empresario a pagar una multa de 171 millones de pesos, monto surgido de un estudio ambiental a efecto de lograr la reparación del terreno desmontado que elaboraron técnicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Dirección Nacional de Bosques, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), la UNSa (Universidad Nacional de Salta) y la UBA (Universidad de Buenos Aires). Sin embargo, Karlen se declaró “insolvente” para hacer frente a la situación y por eso se abrió el espacio a la conciliación para la recomposición ambiental.
