El Dr. Pedro García Castiella, procurador general de Salta, acusó al juez Edgardo Laurenci por negligencia y falta de cumplimiento de sus deberes, en relación con la fuga del condenado Lino Moreno. Remarca que se pone en duda la integridad del magistrado y su capacidad para ejercer su función adecuadamente. Moreno está prófugo desde el 18 de agosto de este año. Laurenci es el presidente del Tribunal que hoy juzga a los hermanos Castedo, acusado de ser los autores intelectuales de la muerte de Liliana Ledesma, asesinada por Moreno.
El hoy prófugo Lino Ademar Moreno registraba antes de 2006 un historial de causas judiciales y fugas. Inicialmente, fue condenado a 6 años de prisión por homicidio en grado de tentativa y abuso de armas en concurso real, escapando en 2001 y siendo, posteriormente, recapturado. Tras ello, recibió 6 años de prisión en otra causa el 17 de febrero de 2005; por evasión, robo calificado y privación ilegítima de la libertad agravada. Así, el 27 de mayo de 2005, ambas condenas se unificaron y por tanto, debía cumplir 12 años de prisión.
Sin embargo, al año y tres meses de esa unificación, volvió a escapar; el 30 de agosto de 2006. A casi un mes de esa fuga, el 21 de septiembre, asesinaba a la productora rural Liliana Ledesma en Salvador Mazza, originando su última condena. En el Expediente N° 4040/08, de trámite ante el Tribunal de Juicio Sala I del Distrito Judicial Orán (fechado al 14 de junio de 2010), Moreno fue condenado por homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de coautores.
Diez años después del homicidio de Ledesma y a casi una década del fallo, el 4 de junio de 2016 el juez Edgardo Laurenci decide unificar todas las condenas en una sola, bajo prisión perpetua (25 años). Aparte, actuando como actuando como Juez de Ejecución, es quien resuelve conceder salidas transitorias al condenado; a pesar de la negativa fundada de la Fiscal actuante y de la familia de la víctima. Argumentó que Moreno reunía los requisitos necesarios para gozar de ese beneficio, que cumplía regularmente los reglamentos vigentes, las condiciones establecidas, poseía conducta ejemplar y llevaba cumplida más de la mitad de la pena que se le había impuesto.
Sin embargo, el domingo 18 de junio de este 2023, Moreno no regresó de una salida transitoria a la Unidad Carcelaria. A las 20 horas, al ser evidente su ausencia, el Servicio Penitenciario alertó telefónicamente al juez Laurenci; pero éste se limitó a solicitar que se remitieran las actuaciones. Más aún, ya con los documentos, recién el 6 de julio revocó el beneficio que él mismo había concedido y ordenó la detención de Moreno; quien ya no estaba en el domicilio declarado. Más grave aún, Laurenci había ordenado que “en caso de resultar el mismo negativo, instruyó que se inserte a la orden del día su captura”, se desprende del comunicado del Ministerio Público Fiscal.
Para García Castiella, el orden de desaciertos incluye información incorrecta sobre la ubicación donde policías debían búsqueda y detener a Moreno, también en el documento de identidad y prontuario. Solo a los 52 días de la fuga, el 9 de agosto, Laurenci corrigió el oficio librado por él mismo; mientras Moreno continúa prófugo. El procurador pidió informes a la Presidencia de la Corte de Justicia de Salta el mismo día 9 de agosto, cuando el escape del sicario trascendió al conocimiento público. La máxima autoridad inmediatamente proporcionó copias de los expedientes relacionados con el caso.
La fiscal de Graves Atentados contra las Personas del Distrito Judicial Orán, Claudia Carreras, pidió información sobre la actuación del juez Laurenci; además, pidió al Ministerio de Seguridad y Justicia remitir copia de las actuaciones con las que cuenta el Servicio Penitenciario, enviadas el 31 de agosto. Al Jefe de Policía de la Provincia (Crio. Miguel Ceballos), se pidió el detalle de las medidas y acciones para recapturar al fugitivo, pero no recibió ninguna respuesta por parte de este último.
Como último dato, el pasado 20 de septiembre; en el desarrollo del juicio que actualmente se lleva contra los hermanos Castedo; la fiscal penal Carreras presentó una solicitud de recusación contra el Tribunal (que encabeza como presidente el magistrado Laurenci), alegando parcialidad. Destacó que se limitó el interrogar adecuadamente a los testigos y la presentación de pruebas fundamentales; como incorporar la digitalización de los casettes sumados a la causa (escuchas telefónicas grabadas por Gendarmería Nacional del teléfono celular de uno de los imputados); y negar la oportunidad de indagar sobre la importancia estratégica del paso fronterizo con Bolivia (detonante de los hechos). La querella acompañó la recusación, coincidiendo en pérdida de imparcialidad del Tribunal.
