El juicio contra los hermanos Castedo finalizó este miércoles 25 con la incorporación por lectura de la prueba solicitada por las partes y posteriormente comenzaron los alegatos. La fiscal Carreras sostuvo la acusación y solicitó cadena perpetua para ambos, máxima pena que prevé el Código Penal. El Tribunal ordenó pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves 26 por la tarde, a fin de continuar con los alegatos de la querella y defensa.
Al reanudar la audiencia de juicio que se sigue contra los hermanos Delfín Reynaldo y Raúl Amadeo Castedo por el homicidio de Liliana Ledesma, se incorporaron por lectura la prueba solicitada por las partes. Luego, al momento de los alegatos, la fiscal penal de Graves Atentados Contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, sostuvo la acusación contra ambos; pero la modificó a “co autores”, y pidió cadena perpetua, más el pago de una multa y la restitución del teléfono celular que le pertenecía (a Ledesma) a su madre.
Tanto querella y la defensa comenzarán con los alegatos este jueves 26 a partir de las 16.30 horas. La modificación de la acusación contra los Castedo en el homicidio de Ledesma, dijo la fiscal Carreras, se debe a que se entendiende que el asesinato fue el resultado del accionar de la organización criminal que éstos lideraban y expuso de forma pormenorizada las pruebas que se produjeron a lo largo del juicio.
La Dra. Carreras resaltó la condición de “organización criminal”, conforme a la documental de la DEA ( Drug Enforcement Administration), incorporada en las actuaciones del Tribunal Oral Federal Criminal de Salta que juzgara a los hermanos Castedo con anterioridad y donde consta que ingresaban drogas por Bolivia hacia finca El Pajeal y El Aybal, (asiento territorial del grupo criminal), donde la acondicionaban en cargas hacia Chaco, y desde allí hacia Montevideo (Uruguay). Desde allí era distribuida hacia España e Italia. La cuestión territorial generó disputas con la productora rural por el cierre de caminos vecinales.
Se citó también el informe del Tribunal Oral Federal de La Plata (Buenos Aires), donde consta que Delfín Castedo está imputado por transporte y contrabando de sustancias estupefacientes, mencionando nuevamente como asiento territorial la finca El Pajeal y el Aybal. Para entonces ya eran investigados por la justicia federal por esta actividades delictivas en forma previa al homicidio, evidenciando que tras la fachada de empresa de desmontes (como sostuvieron los acusados en sus declaraciones) había una organización criminal que operaba de manera internacional con el transporte de sustancias estupefacientes.
Resaltó la Fiscal que en la causa de lavado de activos y sus acumuladas, juzgada y condenada ante el Tribunal Oral Federal de Salta, se obtuvo material de las escuchas telefónicas relacionado a la muerte violenta de Ledesma. Indica la existencia de actos preparatorios, tareas de vigilancia y seguimiento de la victima y su grupo familiar y el accionar de esta organización con posterioridad al homicidio.
Un punto fundamental fue el análisis de las comunicaciones y la titularidad de las líneas telefónicas que se realizó en la investigación y señaló como precedente la sentencia firme del año 2010 de la Corte de Justicia que confirma el resolutorio donde se condenó a María Gabriela Aparicio, Aníbal Tárraga, Lino Ademar Moreno y Casimiro Torres, a quienes se les impuso la pena de prisión perpetua y a Patricia Guerra, condenada a la pena de diez años de prisión y Juan Moreno a la pena de cuatro años de prisión efectiva. (Ministerio Publico Fiscal de la Nacion / Poder Judicial de Salta)
