Rosana Fernández, la dueña del título analítico usado por una empleada administrativa del Ministerio Público en Tartagal, realizó su descargo ante la pena aplicada por el juez Hugo Martoccia a la mujer denunciada. El documento apropiado expone una currícula escolar con destacadas notas, sin materias adeudadas y de asistencia perfecta, por lo cual fue abanderada. “Fuimos compañeras en el secundario, pero ella faltaba y se llevaba materias”, señaló.
La propietaria del título analítico relató que fue compañera de estudios de la mujer enjuiciada, recibiéndose ambas en el mismo y escuela. “Yo tenía asistencia perfecta, no me llevé materias y fui abanderada dos veces (…) ella faltaba, tenía materias pendientes (…) y lo que más me enojó es fue mi sacrificio y dedicación el que usó esta persona (Yeni)”, resaltó. “Yo soy de Tartagal y ella venía de Buenos Aires (…) llegó con su familia en 1987”, agregó.
Uno de los primeros indicios sobre la irregularidad fue un comentario de la acusada en reencuentros de egresados, donde comentó que “había podido recibirse en 2007”, cuando ya trabajaba en el Ministerio Público de Tartagal. “Hoy vivo en Salta (…) después de egresar me fui a Córdoba (…) en Salta me encuentro con una persona de Tartagal (…) me dijo que ella había entrado a trabajar con mi título”, continuó.
Lo siguiente fue enviar una nota al Procurador General de la Provincia (Pablo López Viñals – año 2019), quien a su vez derivó el caso al entonces fiscal penal N°1, Dr. Gonzalo Vega, en Tartagal. “No sé cómo consiguió mi certificado (…) eso es algo que quiero me expliquen las mismas autoridades (…) incluso, con la condena que recibió, sigue trabajando en el Ministerio Público“, avanzó, y remarcó que el defensor en el juicio que transitó por el hecho fue defendida por su esposo; abogado en el Poder Judicial.
Cabe recordar que la mujer acusada (53) fue juzgada la semana pasada a raíz de la denuncia presentada en 2019, recibiendo como sentencia un año de prisión de ejecución condicional por el juez Martoccia, estando obligada por dos años a fijar domicilio y someterse a un patronato. “Es una condena laxa”, criticó Fernández.
“Desde el 92′ en adelante, trabajo en una empresa privada (es analista en sistemas de computación) y nunca tuve problemas con mi documentación”, rescató. “Ella recibe una condena por ser autora del delito de falsificación y uso de instrumento público en concurso real pero no por defraudación pública”, pena que impone el artículo 292 del Código Penal Argentino en cuanto a documentación privada, concluyó.
