La edil Margarita Rauch confirmó que la jueza Susana Menéndez; de Violencia Familiar y de Género de Tartagal; ordenó al secretario legislativo del Concejo Deliberante, José Romero, a realizar capacitación en la Ley Micaela como parte del avance de la denuncia radicada por violencia de género. En tema aparte, la sesión ordinaria de la fecha está en dudas debido a que ayer lunes no se efectuó al parlamentaria por ausencia de varios concejales.
Rauch explicó que la decisión de la jueza sigue los parámetros de actuación del Juzgado de Violencia Familiar y de Género, por lo cual tanto Romero como el presidente del Concejo Deliberante; Armando Leguizamón; deberán realizar capacitación en la Ley Micaela, instrucción a cargo de una institución, ONG u organismo reconocido y acreditado por el Poder Judicial a tal efecto. La jueza Menéndez “generó una cédula de notificación (…) donde solicita no menoscabar el trabajo mio (…) trabajamos en el mismo lugar geográfico (…) son medidas de protección, la idea es hacer énfasis en los derechos políticos (…) tenemos 90 días para seguir argumentando”.
Para los siguientes, informó Rauch, se continúa con la capacitación en Ley Micaela “es para los tres poderes de gobierno; ejecutivo, legislativo y judicial; para estar formados en perspectiva de género”, recordó la edil. “La jueza informa el inicio de las acciones de la denuncia que radiqué (…) y notifica a las partes (…) los tres tenemos que acatar esta cédula (…) bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial“.
El plazo establecido para concretar la capacitación es de 30 días, y como detalle, la Ley Micaela remarca que este tipo de instrucciones para quienes ejercen cargos públicos deben efectuarse una vez por año; atento a las actualizaciones que surjan en torno a la normativa. Leguizamón, por su parte, había realizado breves declaraciones ante sus pares en el recinto, manifestando que todo lo relacionado al tema quedaba en manos de su abogado particular.
