Miembros de los movimientos populares UTEP, CCC, Darío Santillán, MST y otros presentes en el departamento San Martín adhirieron a la jornada nacional con manifestaciones pacíficas al costado de la Ruta 34 en Aguaray y Tartagal. En Salvador Mazza y General Mosconi realizaron corte total al tránsito. Denuncian índices de desocupación en alza, sueldos por debajo de la línea de la pobreza, alimentos y servicios cada vez más caros.
En General Mosconi se llevó a cabo un corte total sobre Ruta Nacional 34, a la altura del Cementerio Municipal; consigna que formaba parte de la jornada. El bloqueo se extendió desde las 11 de la mañana y por poco más de una hora, liberando el paso después de las 12 horas. El grupo que cerró el paso no superaba las 120 personas, pertenecientes a movimientos sociales. Desde la Unidad Regional 4 de la Policía se explicaba que, a pesar de la vigencia del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad de la Nación, el trabajo de los efectivos se redujo a vigilancia del sector; como asistencia a Gendarmería Nacional, que en caso de haber suscitado conflicto tenía orden de avanzada.
En Tartagal y en Aguaray, los manifestantes se ubicaron a la vera del camino, sin interferir con el movimiento del tránsito. En Tartagal se situaron a la altura del acceso a B° Nacional y a metros del acceso norte del puente carretero. En Salvador Mazza, por otra parte, hasta mediodía los grupos se asentaban a la vera de la ruta, en el acceso a Puente Guandacarenda; pero a mediodía cortaron el paso por lapso de una hora, aproximadamente.
Las bases de la Jornada Nacional de Lucha convocada fueron contexto social cada vez más preocupante, índices de desocupación en alza, sueldos por debajo de la línea de la pobreza, alimentos y servicios cada vez más caros, en contra de la eliminación de programas sociales y los cierres de comedores que diagramó el Ministerio de Capital Humano. Agregaron el “desguace” del ex programa Potenciar trabajo (reemplazado por programas Volver al Trabajo y Programa de Acompañamiento Social), como la reducción del 50 por ciento del salario de 200 mil trabajadores del sector, sumando el rechazo al congelamiento de los montos fijados desde noviembre de 2023.