El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, declaró legal la detención de nueve gendarmes y formalizó la imputación pedida para todos por la Unidad Fiscal Salta; representada por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar Roxana Gual; por coimas a cambio de facilitar el contrabando de granos. La imputación alcanza también a otros dos gendarmes que no fueron detenidos.
La prisión preventiva impuesta se cumplirá como “arresto domiciliario”, bajo reglas de conducta. Por otra parte, autorizó los peritajes pendientes y levantó el secreto fiscal, bancario y financiero de los acusados; los gendarmes José Ramón Miranda, Fabián Jorge Amarilla, Edgar Juliano Maciel, Néstor Emanuel Di Ángelo, Ramón Eduardo Acosta, Alejandro Abel Lezcano, Simón Sebastián Soto, Carlos Nahuel Gélvez, Melina Leiva, Juan Adrián Sandoval y Lucas Darío Acuña; pertenecientes a los Escuadrones 54 “Aguaray” y 61 “Salvador Mazza”.
Todos están imputados como autores del delito de “cohecho pasivo” y ser partícipes necesarios en la “tentativa de contrabando de exportación”. Con la excepción de Juan Sandoval y Lucas Acuña, todos fueron detenidos el 27 de mayo pasado en numerosos procedimientos realizados en el norte salteño.
El caso comenzó en noviembre de 2022, luego de la denuncia radicada por el jefe del Escuadrón 54, acerca de personal de esa unidad implicado en maniobras ilícitas vinculadas al paso ilegal de granos. El 9 de octubre de 2023, se formalizó investigación penal contra Cristián Tomasini, Carlos Bonduri y Emmanuel Gutiérrez (civiles) por “contrabando de mercadería en concurso real con cohecho activo”, probado que articulaban con gendarmes de los puestos de control fronterizo el paso ilegal de granos a Bolivia.
Al avanzar con las tareas investigativas, la fiscalía estableció que Tomasini, Bonduri y Gutiérrez pagaban “coimas” a los gendarmes detenidos a cambio de liberar el paso hacia la frontera de camiones cargados con granos, lo que se hacía en distintos horarios en los puestos fijos de Aguaray, Arenales y Senda Hachada; entre otros.
Antecedente
De acuerdo a lo expuesto por la fiscalía en la audiencia, figura como antecedente la condena de septiembre de 2022 del Tribunal Oral Federal N°2 de Salta contra el excomandante principal y jefe del Escuadro 54 “Aguaray”, Marciano Alberto Páez, condenado a cinco años y seis meses de prisión, por “cohecho pasivo” y “contrabando de exportación, agravado por el número de intervinientes y su condición de miembro de una fuerza de seguridad”. Por el mismo delito fueron condenados el sargento Rodolfo Ayala y el alférez Diego Ernesto Radaelli a cuatro años de prisión; y el civil Alberto Martín Crossa, dueño de una finca de Campo Durán, por donde los camiones con granos pasaban a Bolivia.
La fiscalía dijo que la modalidad delictiva es similar a ese caso, si bien no observó que se ejecutara de manera organizada. Se hizo foco en la cantidad de gendarmes involucrados y se descartó que las grandes cantidades de granos tuvieran un destino de consumo en la región norte salteña. Afirmaron que los acusados no “tenían otra actividad más que pararse en la ruta y exigir el pago de coimas”.
A excepción de Sandoval y Acuña, todos están bajo prisión preventiva; y en el caso de Melina Leiva (embarazada), se contempló arresto domiciliario. El resto lo hará en una unidad carcelaria federal, dada la gravedad del hecho, la condición de funcionarios públicos de los acusados, la afectación al Estado, los riesgos de fuga y de entorpecimiento procesal en que podrían incurrir los imputados. (Ministerio Público Fiscal de la Nación)
