Diario El Destape.- Expofrut, empresa a cargo de Fernando Oris de Roa, atravesada por denuncias de precarización laboral. Fernando Oris de Roa, una persona con vasta experiencia en el ámbito empresarial. Oris de Roa es un empresario especializado en agronegocios.
Tras la salida de Martín Lousteau de la Embajada de Estados Unidos en abril, Mauricio Macri decidió designar en su lugar a Fernando Oris de Roa, una persona con vasta experiencia en el ámbito empresarial. El nuevo embajador pasó por una gran cantidad de empresas, dedicándose al rubro alimenticio y también minero.
De formación académica en Harvard, Oris de Roa es un empresario especializado en agronegocios. Pero hay una de las empresas de la que está a cargo que está atravesadas por varios denuncias de precarización y hasta un posible caso de desaparición forzada.
La empresa es Expofrut S.A, de la cual está como director hace 6 años, se encarga de la producción y exportación de peras y manzanas desde la Provincia de Río Negro. Desde hace 6 años también está apuntada por la desaparición de un joven jornalero: Daniel Solano. El joven desapareció en Choele Choel, Río Negro, la madrugada del 5 de noviembre de 2011.
Daniel Solano era un trabajador de Agrocosecha, una empresa terciarizada de la multinacional Expofrut. Terminó desaparecido luego de prostestar porque no le pagaban lo acordado. Sus condiciones laborales eran pésimas: vivía hacinado y con un salario muy por debajo de lo acordado.
Ante esta situación, Solano comenzó a organizar a sus compañeros para luchar por sus derechos. Al día siguiente de comenzar a alertaros, fue a bailar al boliche Macuba, pero a las 3 de la mañana fue sacado por los policías, lo golpearon y lo subieron a una camioneta. Nunca más apareció.
La precarias condiciones laborales de la empresa multinacional Expofrut y la empresa tercerizadora Agrocosecha S.A expone la situación de precariedad de los trabajadores, que viven hacinados, con bajos salarios y sin derechos laborales mínimos. Solano fue víctima de un complejo entramado que incluye precarización laboral, corrupción policial, judicial y estatal, y la presunta complicidad de los dueños de la empresa en que trabajaba.
La Corte Suprema de justicia dispuso que el caso pase a la Justicia rionegrina. Ahora la Cámara Penal Segunda de Roca debe fijar la fecha para el juicio. El breve dictamen fue firmado por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los vocales Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.
