El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a 5 años de prisión al ex inspector de la Delegación Salta de la Policía Federal, Juan Carlos Alazugaray, como autor del delito de imposición de tormentos agravado por ser la víctima; José Eduardo Porcel (h); un perseguido político. El hombre fue detenido ilegalmente el 18 de enero de 1975, en viaje a Tucumán para rendir una materia de la carrera de Derecho, recuperando la libertad en septiembre de 1983.
Con el voto unánime de Federico Díaz (presidente), María Cataldi y Gabriela Catalano, el tribunal declaró también que el delito juzgado es un crimen de lesa humanidad; absolviendo por un lado al ex policía de la acusación de privación ilegal de la libertad agravada por aplicación del beneficio de la duda. Mañana jueves 22 se conocerán los fundamentos de la decisión. Los hechos imputados ocurrieron el 18 de enero de 1975. Porcel fue detenido sin orden judicial efectivos policiales de Salta en el kilómetro 13 de Ruta Nacional 9, entre la ciudad de Salta y Tucumán, en un control policial.
La acusación relató que el joven militaba en la Juventud Peronista y el día de su detención viajaba a Tucumán por estudios, pero terminó en la Central de Policía de Salta, donde fue interrogado por sus vinculaciones con otros dirigentes partidarios, considerados disidentes políticos. Posteriormente fue llevado a la Delegación Salta de la Policía Federal, donde fue nuevemente interrogado, aunque en este caso fue torturado por los federales, en particular por Alzugaray. De allí lo llevaron al penal de Villa Las Rosas, en calidad de detenido “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”.
El 1 de abril, con ojos vendados, fue llevado hasta Tucumán bajo supuesta orden del juez federal de esa provincia, y alojado en el centro clandestino “La Escuelita” (Famaillá), donde fue sometido a distintos tipos de torturas. Siempre según la acusación, Porcel pasó por diferentes unidades carcelarias del país, sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entre esos penales, estuvo en “Villa Urquiza” (Tucumán), en la de Rawson y en La Plata.
El 19 de noviembre de 1982, siete años después de ser detenido en Salta, quedó bajo el régimen de libertad vigilada y recuperó plenamente su libertad el 21 de septiembre de 1983. En función de este derrotero, la fiscalía enmarcó los hechos en el plan sistemático de represión ilegal implementado durante el terrorismo de estado e individualizó a Alzugaray como uno de los responsables.
Alegato
Los fiscales Amad y Sivila concluyeron en que la captura de Porcel (h) no tuvo fundamento legal y que las fuerzas involucradas, entre ellas Alzugaray, usaron maniobras para dar un viso de legalidad a la detención. Por eso, en el alegato final pidieron 8 años de prisión tanto por el delito de tormentos como por el de privación ilegal de la libertad. Explicaron que, en un primer momento, el 18 de enero de 1975 se invocó una supuesta causa por infracción a la Ley 20.840 (conocida como “ley de seguridad nacional”, que permitió entonces judicializar la persecución por motivos políticos), con menciones en los medios de comunicación a una organización “extremista”. El 19 se aludió a un decreto de arresto a disposición del Poder Ejecutivo de la Nación (PEN), que no existió.Añadieron que, en un tercer momento, entre el 22 de enero y el 4 de febrero, las fuerzas de seguridad aludieron a la existencia de una causa por falsificación de documento, en la que unos días después -el 7 de febrero- el juez federal se declaró incompetente y remitió las actuaciones a su par de la provincia de Tucumán. Recordaron que este tipo de prácticas eran habituales en la época, funcionales a los fines de la persecución de personas. “En limpio, primero se detenía a las personas y luego se procuraba -en el mejor de los casos- encontrar una justificación para esas detenciones”, indicaron los fiscales.
En su alegato, destacaron el testimonio de la propia víctima, quien dio detalles de su detención. En cuanto a la intervención personal de Alzugaray en los tormentos, Amad y Sivila destacaron que la propia víctima identificó de manera categórica al acusado. Este reconocimiento del acusado, agregaron, se debe al hecho de que lo conocía con anterioridad. Recordaron al respecto que Porcel había relatado que, en octubre de 1974, se registró un incidente en el aeropuerto de Salta en el que Alzugaray y otros expolicías federales tuvieron una intervención violenta hacia la víctima. (Ministerio Público Fiscal de Salta)
