El juez Raúl López revocó ayer viernes 18 de octubre el beneficio de prisión domiciliaria al ex intendente de Aguas Blancas, Carlos Martínez, y ordenó su traslado a la sede de Infantería. Martínez cumplía la medida judicial en una casa enfrente de la Municipalidad. El magistrado fundamentó la decisión en las frecuentes y largas visitas que recibía el imputado, misma situación que se registra en la domiciliaria del abogado Roberto Ortega.
El Juez Raúl López recibió los informes de la consigna policial que vigilaba la domiciliaria de Martínez, tras observar que en la vivienda del imputado se venían registrando situaciones irregulares. La consigna policial fija (3 efectivos y guardia interna) indicó que tanto en la domiciliaria de Roberto Ortega (ex abogado de Martínez) como de Carlos Martínez se recibían visitas de manera constante y a toda hora, con algunas personas retirándose incluso en horas de la madrugada, lo cual ponía en riesgo el cumplimiento de la detención domiciliaria.
En consecuencia, ayer viernes se suspendió la medida que el imputado cumplía en Aguas Blancas (Orán). Además, el juez argumentó una situación que no fue considerada en su momento y es el conflicto en Aguas Blancas; actualmente intervenida con un plan de seguridad y frontera. Martínez venía con arresto domiciliario desde el 10 de octubre y la ubicación de su domicilio podría llegar a necesitar del personal de custodia para otras funciones y dificultar el control por parte de la U.A.D.M.E. y la Dirección de Inserción Social y Supervisión de Presos y Libertados.
Agregó también que el garante propuesto por el ex intendente no se presentó ante el Juzgado para aceptar el cargo propuesto, lo que hace más vulnerable el control efectivo de la medida. La detención de Martínez en Infantería y a disposición del Juzgado se mantendrá hasta que se designe un nuevo domicilio dentro del radio de la ciudad y se presente ante el juzgado una persona de confianza que pueda actuar como su garante (artículo 382, inciso “a” del Código Procesal Penal).
Cabe recordar que la Unidad Fiscal había apelado contra la sentencia que rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público Fiscal, argumentando que la domiciliaria no era una medida adecuada para mitigar el riesgo de entorpecimiento, ya que Martínez podría seguir influyendo en testigos u ocultando pruebas desde su casa, utilizando tecnología a la que tiene fácil acceso. Como detalle, Martínez cumplía el arresto frente a la Municipalidad de Aguas Blancas, dado que esto ha generado una gran conmoción social en los municipios del norte debido a las acciones del imputado.
Si bien el juez no se pronunció sobre este aspecto al conceder el arresto domiciliario, lo aborda en esta resolución, lo que será analizado al considerar las medidas procesales a tomar por parte de la Unidad Fiscal. En tema relacionado, tras analizar los fundamentos expuestos en la concesión del arresto domiciliario al imputado Alejandro Parisi, también se apelará.
