La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó siete años de prisión para Patricia del Valle Argañaraz, exsecretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP), y para Ana María Cerezo, tesorera, por delitos de administración fraudulenta y 26 hechos de estafas reiteradas. La fiscal también pidió diez años de inhabilitación para ejercer cargos electivos en el gremio.
En su alegato, la fiscal presentó pruebas que demuestran que Argañaraz y Cerezo desviaron fondos de la ADP mediante la emisión de facturas y documentos falsificados, destinando el dinero a fines personales. Además, se indicó que cometieron estafas relacionadas con contratos del Fideicomiso «Virgen de Urkupiña», prometiendo acceso a viviendas a cambio de pagos iniciales y mensuales.
Salinas Odorisio también solicitó al juez José Luis Riera que declare culpables a Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi como partícipes necesarios en los mismos delitos, pidiendo para ellos una pena de tres años de prisión condicional.
