Casi un centenar de originarios, encabezados por caciques y referentes de las comunidades de Ruta Nacional 86, se manifestaron ante Anses; alarmados ante la posibilidad de perder varios beneficios de pensiones, entre ellas las no contributivas y por discapacidad. La directora regional, Paola Mielñik, los recibió y firmó un acta acuerdo, bajo garantía de elevarla a Nació, para que se conceda una prórroga de seis meses y sólo para el departamento San Martín.
Inicialmente, dos grupos de originarios; que habían partido desde la comunidad wichi de Kilómetro 6; tenían por objetivo manifestarse ante Anses Tartagal, uno de ellos (50 personas) y el otro grupo cortaría el tránsito vehicular a la altura de Cuña Muerta (acceso norte a Tartagal), en demanda de una solución ante la posibilidad de perder el beneficio social. En declaraciones, uno de los caciques señaló que, entre las comunidades rurales de Ruta 86 y las cercanas al sector urbano de Tartagal, sumaban alrededor de 2.100 pensionados.
Sin embargo, la directora Mielñik los recibió pasadas las 9.30 horas. La reunión se extendió por unos 40 minutos y de allí se firmó un acta compromiso, con la firma de la funcionaria y de todos los caciques y referentes, para elevar ante las autoridades nacionales; documento donde se asienta la petición de una prórroga de seis meses y sólo para el departamento San Martín, que incluya operativos con los especialistas requeridos para completar la actualización que ANDIS requiere para mantener la beneficiario con su pensión. Se espera disponer de una respuesta hasta el viernes de la semana próxima.
Las notificaciones comenzaron a llegar hace un mes a los distintos beneficiarios del norte, pero según la normativa y dado que se debe presentar documentación médica, sólo otorga como plazo los 30 días hábiles siguientes a recibida la carta desde ANDIS; que en buena cantidad de casos deja un espacio de dos semanas para el trámite. La saturación o falta de turnos, más la atención diaria que requieren de los servicios médicos, los trámites administrativos requeridos y la falta de especialistas alarman ante la posibilidad de quedarse sin el beneficio social.
