La jueza federal de Garantías de Orán, Ivana Hernández, formalizó la investigación penal contra 5 gendarmes, a pedido del fiscal subrogante Marcos Romero; titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán. El grupo quedó imputado por el delito de homicidio en riña agravado por el uso de armas, por la muerte de un trabajador informal de 27 años, alcanzado por un disparo de escopeta en un incidente registrado en diciembre de 2024, en Aguas Blancas.
El trabajador Fernando Gómez (27) murió alcanzado por dos perdigones de plomo tras un incidente con efectivos de Gendarmería el 18 de diciembrede 2024 en un paso ilegal de Aguas Blancas (Orán). La imputación es por “homicidio en riña agravado por el uso de armas de fuego” y recae en cinco suboficiales del Escuadrón 20 de Orán de Gendarmería; y se realizó el 1 de abril. Los imputados son los sargentos Néstor Ortiz y Jonatan Franco, y los cabos Marcelo Vega, Mauro Cuña y Andrés Vázquez.
La fiscalía detalló que los hechos ocurrieron a las 2.53 del 18 de diciembre en el sector de “Coca Quemada”, zona rural a la vera del río Pescado,; distante 500 metros del puesto de la Sección “28 de Julio” de Gendarmería, sobre Ruta Nacional 50, en Aguas Blancas. Según llamados registrados al Servicio de Emergencia 911, allí se había producido un enfrentamiento entre gendarmes y trabajadores informales, circunstancia en la que resultó fallecido Gómez.
Declaraciones de testigos indicaron que, en el escenario de los hechos , un grupo de trabajadores circulaba de norte a sur desde las márgenes del río Bermejo distribuidos en varios grupos y con bultos. Al llegar hasta “Coca Quemada”, un grupo de mujeres (“campaneras”) alertaron sobre la presencia del grupo de la fuerzza, tras lo cual se escucharon varias detonaciones.
En esas circunstancias, Gómez recibió dos disparos mortales (tráquea), lo que derivó en su deceso en minutos; lo que provocó que sus compañeros atacaran con piedras y otros elementos contundentes a los gendarmes. En un sumario preventivo, Gendarmería aseguró que dos de los efectivos realizaron diez disparos persuasivos, pero con munición antitumulto (no letal) y a fin de liberar la zona. Además, sugirió que el joven fallecido habría sido víctima de una disputa entre los distintos grupos de trabajadores informales, supuestamente, por la mercadería que transportaban.
El reporte indicó que esa madrugada la zona era patrullada por tres equipos. Uno de ellos, integrado por Cuña y Vázquez, fue asignado al sector conocido como “Camino Pistola”; el segundo, en el que iban Franco y Vega, debía patrullar la zona de “El Arbolito”; y el tercero incluía a Ortiz y quedó asignado al Puesto 28 de Julio. Los gendarmes dijeron que el primer grupo escuchó disparos cerca del río Pescado, por lo que se dirigió hasta dicho lugar, donde había un grupo de 80 personas que se acercaba desde el cauce de agua.
Siempre según este descargo, dieron la voz de alto, pero las personas no hicieron caso y comenzaron a arrojar piedras y otros elementos. A raíz de ello, requirieron la intervención del equipo 2 (Franco-Vega), quienes realizaron los disparos persuasivos, presuntamente, con munición antitumulto. Tras un rastrillaje, hallaron 23 bultos que contenían 216 kilos de hojas de coca, 741 cartones de cigarrillos y 48 kilos con 730 gramos de cocaína; mercadería sería la que ocasionó la disputa de la cual resultaría la muerte de Gómez.
La Sede Fiscal Descentralizada de Orán, con la auxiliar fiscal María del Carmen Núñez y Francisco Valencia, y la investigadora Analía Cabral, destacaron pruebas que llevaron a la imputación de los gendarmes. El fiscal subrogante Romero detalló los peritajes a las armas secuestradas a los gendarmes por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, como así también la autopsia y los informes forenses que ayudaron a establecer la causa de muerte de Gómez.
Surgió que el deceso de la víctima fueron las lesiones generadas por “dos municiones esféricas de plomo”, disparadas por una escopeta, tipo de arma que al momento de los hechos portaban los gendarmes imputados. Se remarcó la tarea de campo realizada por investigadores de la División Homicidios (Policía de Salta) y una inspección ocular realizada en el lugar, encabezada por el mismo fiscal.
En razón de ello, se requirió a los imputados la promesa de colaborar con el proceso, la comparecencia periódica y la prohibición de salir de la provincia. Los planteos fueron aceptados por la jueza Hernández, quien dio por formalizada la investigación penal y, a la vez, autorizó otras medidas de pruebas que la fiscalía lleva adelante en busca de esclarecer por completo las circunstancias y las responsabilidades de los imputados en el deceso de Gómez. (Ministerio Público Fiscal)
