En un fallo inédito en Salta, la Justicia Federal homologó un acuerdo conciliatorio que permitió redirigir más de 16 millones de pesos a entidades de bien público, en el marco de una causa por lavado de activos. La imputada, Patricia Aparicio, entregó parte del dinero incautado en su domicilio como reparación integral, lo que llevó a la extinción de la acción penal en su contra, conforme a los artículos 22 y 34 del Código Procesal Penal Federal.
Uno de los beneficiarios destacados fue la Fundación Cultura Nativa, que recibió 8.250 dólares para fortalecer su labor humanitaria en el Chaco salteño. La organización, encabezada por Jorge Rojas, desarrolla una tarea sostenida en comunidades originarias y rurales de Santa Victoria Este, llevando asistencia en salud, educación, infraestructura y cultura a zonas históricamente postergadas.
El resto de los fondos, más de 8,5 millones de pesos, fue asignado al Centro Eclesial El Alfarcito, con reconocimiento por su trabajo comunitario y educativo en la Quebrada del Toro. Ambas instituciones fueron seleccionadas por su transparencia y el impacto comprobado de sus acciones, garantizando que el dinero recuperado de actividades ilícitas se transforme en bienestar social.
La causa tuvo origen en una investigación por narcotráfico que vinculó a Aparicio con una organización criminal tras el secuestro de cocaína sobre la ruta 34. En su vivienda se hallaron más de 7 millones de pesos y 16.500 dólares. Desde el Ministerio Público Fiscal se destacó que esta resolución permite una respuesta más eficaz y socialmente reparadora, especialmente al canalizar recursos hacia organizaciones que transforman vidas en los márgenes del mapa.
