Diez trabajadores rurales del sur de Salta, víctimas de trata laboral, fueron indemnizados con un total de 15 millones de pesos gracias a un acuerdo de conciliación judicial. Cada uno recibió $1.500.000 como reparación económica por las condiciones de explotación a las que fueron sometidos en noviembre de 2023, cuando fueron descubiertos trabajando en condiciones indignas en la finca “Suri Blanco”, en Joaquín V. González.
El Minsterio Publico Fiscal (MPF) recordó que el operativo que reveló la situación fue realizado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, junto con la Policía de Salta y el Gabinete de Asistencia a la Víctima. Los inspectores hallaron a los obreros durmiendo en una casilla hacinada, sin acceso a agua potable ni higiene, y utilizando sus propias herramientas para realizar tareas de desmonte. Parte de su salario era descontado como pago por alimentos proporcionados por el empleador.
La investigación penal fue impulsada por el fiscal Ricardo Toranzos y el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen. El 5 de noviembre de 2024, imputaron a Ángel Gustavo Enríquez por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en la modalidad de captación y traslado. La causa fue canalizada a través de uno de los mecanismos alternativos del Código Procesal Penal Federal, promoviendo una salida restaurativa del conflicto.
El juez federal Julio Bavio homologó el acuerdo el pasado 5 de mayo, luego de verificar el consentimiento informado de las víctimas y la disponibilidad inmediata del monto completo a pagar. También participaron del proceso el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, y la defensa oficial de Enríquez, quienes resaltaron el carácter proporcional y razonable de la resolución.
Desde la fiscalía, se destacó que este tipo de resolución evita juicios prolongados y permite una compensación inmediata a los trabajadores, sin que se desvirtúe el objetivo del proceso penal. Además, se valoró el trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal, la defensa y los organismos de asistencia, que actuaron con celeridad y transparencia.
El caso fue considerado una “salida superadora”, que privilegia la reparación del daño y la restauración de la armonía social sobre la mera sanción punitiva. Según los involucrados, esta vía representa un avance en la protección efectiva de las víctimas y el uso racional de los recursos judiciales. Las víctimas, por su parte, prestaron pleno consentimiento y ya percibieron la totalidad de la indemnización.
