Rolando Minchaca Tárraga, prófugo desde el pasado viernes 27 de junio del destacamento Alto Verde; donde cumplía detención acusado de abuso sexual; es buscado tanto nacional e internacionalmente, dado que es de nacionalidad boliviana. Se dispusieron medidas preventivas para garantizar la seguridad de la víctima del evadido, quien aprovechó una atención médica en el hospital para escapar.
El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, quien interviene en la causa por el escape de Rolando Minchaca Tárraga (imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal), ordenó inmediata activación del protocolo de búsqueda. Trabajan de manera coordinada las Brigadas de la Policía, Gendarmería Nacional, Policía Federal, y organismos migratorios; como también contactaron con autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia dada la nacionalidad del imputado y la probabilidad que intente cruzar la frontera. Toda información posible por la ciudadanía debe comunicarse al Sistema de Emergencias 911 o a la comisaría más cercana.
El acusado estaba alojado en el Destacamento Policial Alto Verde y el día de la fuga había sido trasladado al hospital local con fuertes dolores en los pulmones. Primero recibió atención médica y luego fue internado y quedó en observación. Según el informe médico, sufrió una crisis hipertensiva, con presión arterial y se le suministró medicación para estabilizar su estado. Cuando recibió el alta, mientras era llevado de vuelta al Alto Verde, escapó. Minchaca Tárraga (41) presenta una malformación en la mano derecha (le faltan tres dedos), lo que aparentemente le permitió zafarse de las esposas.
En paralelo, la Fiscalía dispuso medidas de protección específicas para víctima, entre las que se destacan consignas policiales y rondas periódicas en el domicilio y alrededores, con el fin de garantizar su seguridad y prevenir cualquier tipo de riesgo o amenaza derivada de la fuga del acusado. De igual manera, se pidió al Juzgado de Garantías Nº1 Tartagal que emita el pedido de captura y detención a nivel nacional e internacional (Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal – Ley N° 24.767), que regula la cooperación judicial y policial para la detención y extradición de personas buscadas por la justicia.
