Una organización dedicada al contrabando de aceite de soja fue desarticulada tras un operativo ejecutado en Salvador Mazza, localidad fronteriza de Salta. Cuatro personas fueron imputadas por contrabando de exportación agravado, en el marco de una investigación liderada por el fiscal general Eduardo Villalba. El esquema ilícito habría generado ingresos superiores a 2.4 millones de dólares entre 2022 y 2024.
El grupo operaba con un sistema de mangueras tendidas desde una propiedad conocida como “Don Ramón”, en Salvador Mazza, hasta vehículos estacionados en Pocitos, Bolivia. A través de esa red clandestina se exportaban más de 30 toneladas de aceite de soja, adquirido en plantas aceiteras de Santa Fe mediante una empresa fantasma.
El episodio más crítico ocurrió durante el allanamiento al domicilio del presunto cabecilla, identificado como F.S.G., quien abrió fuego contra un comandante de Gendarmería Nacional, provocándole una herida en el antebrazo. Pese a los múltiples anuncios sobre el carácter oficial del procedimiento, el acusado disparó con una pistola 9 mm antes de ser reducido por el personal.
La audiencia de imputación se realizó ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, quien dictó prisión preventiva para los cuatro acusados. F.S.G. fue imputado como autor mediato de contrabando agravado, en concurso real con tentativa de homicidio doblemente agravada. N.A.D., R.G.M. y A.C.M. fueron señalados como coautores del delito de contrabando.
Durante el operativo, que tuvo lugar en la madrugada del último viernes, se logró interceptar un camión cisterna con 30.120 litros de aceite neutro blanqueado mientras era transferido por mangueras en el paraje “El Chorro”. Otro de los detenidos fue aprehendido en su vivienda, también en Salvador Mazza.
Según estimaciones de la AFIP-DGA y ARCA, el contrabando provocó un perjuicio fiscal superior a los 720.000 dólares, además de eludir la liquidación de divisas en el mercado oficial. El impacto económico de la maniobra continúa bajo evaluación.
Las tareas de inteligencia fueron coordinadas por la Unidad de Reunión de Información de Gendarmería Nacional y la Dirección General de Aduanas, quienes venían monitoreando a la organización desde enero de 2024.
