A más de cinco años del escándalo por el robo de caños del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), el exintendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, condenado en 2021 a seis años y seis meses de prisión, fue beneficiado con la prisión domiciliaria. La medida, otorgada el pasado 21 de julio, se hizo efectiva este lunes 18 de agosto, pese a que aún no se le colocó la tobillera electrónica por falta de stock.
Prado fue hallado culpable del delito de robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en el marco del saqueo de 228 caños pertenecientes a una obra pública de interés nacional, destinada a beneficiar a más de 1.700.000 personas en el norte argentino. El caso tuvo amplia repercusión nacional y derivó en un juicio oral en el que también fueron condenados los empresarios Diego Alos y Adrián Vera, mientras que otros imputados fueron absueltos o recibieron penas menores tras la revisión de la Cámara Federal de Casación Penal.
Desde su imputación en 2020 hasta la ratificación de la condena por la Corte Suprema en mayo de este año, Prado permaneció en libertad. Sin embargo, el fiscal general Eduardo Villalba logró revertir esa situación, argumentando el grave daño causado por el exjefe comunal y la necesidad de cumplir efectivamente la pena.
La defensa de Prado, encabezada por el abogado Fernando Teseyra, alegó que el exintendente es el único sostén económico de su familia y que mantiene un vínculo estrecho con un hijo menor con discapacidad. No obstante, informes interdisciplinarios revelaron que el niño vive con su madre en Salta y cuenta con contención afectiva y económica, lo que debilitó el pedido de mantener la libertad.
Durante su breve estadía en el Complejo Penitenciario Federal de General Güemes, se intentó garantizar que Prado pudiera continuar con su trabajo remoto, pero el sistema penitenciario no pudo proveerle una notebook ni acceso a internet. Ante esta imposibilidad, la jueza Marta Snopek accedió al pedido de prisión domiciliaria, condicionado a la colocación de una tobillera electrónica, que finalmente no se concretó.
La decisión de trasladarlo a su domicilio en Tartagal para que cumpla la condena bajo vigilancia remota generó malestar entre vecinos y referentes judiciales. “¿Acaso ahora también lo verán irse a su casa, como si nada sucedió?”, cuestionó el fiscal Villalba, recordando que la comunidad fue testigo directo del saqueo.
El caso de Prado se suma a una serie de beneficios similares otorgados a exintendentes condenados, lo que abre el debate sobre el cumplimiento efectivo de las penas en delitos contra la administración pública.
