Desde que entró en vigencia la Ley Nacional 27.610, que garantiza el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en Salta se registraron más de 20 mil procedimientos hasta agosto de 2025. Pero detrás de esa cifra hay una realidad que duele: decenas de esos abortos fueron practicados en niñas de entre 10 y 15 años, muchas de ellas víctimas de abuso sexual.
Solo en 2024, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres contabilizó 4.621 IVE en la provincia, de las cuales 382 fueron Interrupciones Legales del Embarazo (ILE), es decir, por causales como violación o riesgo para la salud. Dentro de ese universo, 102 procedimientos —83 IVE y 19 ILE— se realizaron en niñas que aún no habían cumplido los 16 años.
Una infancia vulnerada
Estos datos no solo reflejan embarazos forzados, sino también una grave vulneración de derechos, dignidad y salud física y emocional. A esa edad, el cuerpo de una niña no está preparado para transitar un embarazo ni para enfrentar las consecuencias médicas y psicológicas que conlleva. Las interrupciones, aunque legales y necesarias, se dan muchas veces en contextos de urgencia, miedo y silencio.
En los primeros meses tras la sanción de la ley, el acceso fue limitado: apenas se realizaron 3.000 procedimientos en toda la provincia. Las barreras administrativas, la falta de profesionales capacitados y la escasez de médicos no objetores de conciencia dificultaron la implementación. Con el tiempo, medidas como el Memorándum 144/21 y la Resolución 514/2022 obligaron a los servicios de salud a organizarse para garantizar el cumplimiento de la norma.
Actualmente, Salta cuenta con unos 40 profesionales no objetores distribuidos en hospitales y centros de salud. Aunque la cifra representa un avance respecto a los 26 disponibles en 2022, aún hay dificultades para atender casos que requieren internación o prácticas específicas como legrados o AMEU, especialmente en zonas alejadas.
Un llamado urgente
Los embarazos en niñas no son solo un problema médico: son una alerta social. Cada caso es una historia que exige justicia, contención y políticas públicas que protejan a las infancias. La ley existe, pero su aplicación plena sigue siendo una deuda, sobre todo cuando se trata de las más vulnerables.
