El Ministerio Público Fiscal informó que el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a seis años de prisión a Candela Ayelén Aguirre, una joven de 20 años oriunda de La Rioja, acusada de transportar 25 kilos de cocaína ocultos en el tanque de combustible de un automóvil. La sentencia fue dictada el 28 de noviembre y contó con la intervención de la fiscal subrogante Paula Gallo y la auxiliar fiscal Vanina Pedrana.
El procedimiento que dio origen a la causa se realizó el 9 de marzo pasado en la ruta 68, a la altura de Cafayate, cuando personal de Gendarmería Nacional detuvo un Chevrolet Cruze conducido por Gastón Gabriel Garino, con Aguirre como acompañante. En la requisa se hallaron 30 paquetes de cocaína con una pureza superior al 70%, equivalentes a más de 176 mil dosis.
Durante el juicio, la acusada declaró que se dedicaba a la compra y venta de ropa y negó relación con la droga. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas que la vincularon directamente con el transporte de estupefacientes: frecuentes viajes a la frontera, la utilización de siete líneas telefónicas, el análisis de sus comunicaciones y la actividad en redes sociales.
Los jueces Gabriela Catalano, Marta Snopek y Marcelo Juárez Almaraz consideraron acreditada su responsabilidad como coautora del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. Además, dispusieron el decomiso del vehículo utilizado para el traslado de la droga en favor del Estado nacional.
La condena de Aguirre se suma a la de su cómplice Garino, quien recibió tres años de prisión en suspenso en julio pasado, tras un acuerdo de juicio abreviado. La investigación continúa respecto de un tercer implicado, identificado como R. C., detenido en agosto en San Juan, en el marco de un pedido de captura nacional e internacional solicitado por la fiscalía.
El análisis de las comunicaciones telefónicas y redes sociales permitió establecer que Aguirre utilizaba perfiles bajo el nombre “Rosario” y mantenía contacto con el tercer acusado. También se comprobó que el vehículo Chevrolet Cruze había sido adquirido días antes mediante la entrega de otro automóvil de su propiedad, lo que reforzó las sospechas sobre su participación activa en la organización del transporte.
Finalmente, el tribunal valoró la juventud de la acusada como un atenuante, aunque destacó que conocía la peligrosidad de su conducta. Al no acreditarse ninguna situación de necesidad económica que justificara el delito, los jueces coincidieron con el Ministerio Público Fiscal en declararla penalmente responsable y dictar la condena de seis años de prisión efectiva.
