Un estudio publicado por el Observatorio de Tierras y elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet se produce en momentos que la administración Milei impulsa la derogación de la Ley de Tierras, norma que estableció límites y mecanismos de control sobre la extranjerización. El Observatorio advierte que puede facilitar el acceso de capitales extranjeros a recursos estratégicos argentinos.
En la provincia de Salta, de acuerdo con el estudio, el 11 por ciento del total de hectáreas se encuentra bajo propietarios extranjeros; es decir, de 15.492.908 hectáreas, 1.752.523,73 hectáreas pertenecen a capitales no argentinos; uno de los porcentuales más críticos del país. Los departamentos en rojo son Orán, Capital, General Güemes, El Carril, Molinos, Guachipas, Cerrillos, Cafayate y Chicoana. En amarillo, se registran a los departamentos San Martín, Anta, La Caldera, Rosario de la Frontera y Cachi.
En el caso del departamento San Martín, del 1.619.368 hectáreas son 200.940,88 las extranjerizadas; es decir, el 12 por ciento. En comparación, Orán registra el 23 por ciento de tierras extranjerizadas. Del 1.185.676 total, son 276.043,86 las que están bajo dominio extranjero. Por arriba del 50 por ciento están San Carlos (60% – 306.454,25 hectáras extranjerizadas de 512.297) y Molinos (58% – 207.985,80 hectáreas extranjerizadas de 359.894), constituyendo los datos más altos de Argentina.
A nivel nacional, cerca del 5% del territorio argentino (más de 13 millones de hectáreas) está en manos de empresas, personas o Estados extranjeros; total equivalente a todo el territorio de Inglaterra. De acuerdo a la Ley de Tierras N° 26.737, ninguna provincia debería superar el 15% de extranjerización.
Estados Unidos lidera el listado de propietarios extranjeros con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Sólo con estadounidenses, señalan los investigadores, se supera en extensión a toda la provincia de Tucumán. En Salta, los departamentos con mayores niveles de extranjerización cuentan con áreas con acceso a recursos hídricos, territorios de valor agrícola, regiones con potencial extractivo y corredores logísticos clave, y se superpone con bienes comunes como agua, monte nativo y recursos minerales.
Tratar la derogación de la Ley de Tierras ocurre en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos. El reciente corolario de Trump a la Doctrina Monroe expresa un cambio en la estrategia estadounidense a nivel regional, orientado a asegurar su acceso a los recursos naturales en América Latina.
Existen 36 departamentos, contando Salta, que ya exceden el límite fijado por la ley. Además de Molinos y San Carlos, en Lácar (Neuquén) y General Lamadrid (La Rioja), la extranjerización supera el 50%. Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales.
A su vez Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires); todas localidades sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná; superan ampliamente el 30%.
