Rosmery Aramayo Torres desapareció el 17 de enero de 2025 en Salvador Mazza y a pesar de los numerosos rastrillajes efectuados, no se tienen pistas firmes sobre lo sucedido con ella. Su pareja, José Eduardo Miranda y el hijo de él, José Alfredo Miranda, fueron imputados por femicidio, aunque hasta hoy su cuerpo no ha sido encontrado, lo que mantiene el caso abierto y rodeado de incertidumbre en lo que se considera el primer femicidio del 2025. El último rastrillaje en búsqueda de la mujer se realizó en julio del mismo año.
José Eduardo Miranda (51) denunció el 17 de enero de 2025 que Aramayo Torres se negó a regresar de Bolivia por decisión propia, pero las contradicciones entre su relato y las pruebas recolectadas por la Fiscalía durante la investigación provocaron su detención. La familia de la mujer destacó que no sabían nada de ella y Miranda no había alertado sobre la decisión de Rosmery. El fiscal penal de Salvador Mazza, en feria, Jorge Armando Cazón, lo imputó primero por el presunto delito de privación ilegítima de la libertad y más tarde como autor del delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio)
La pareja llevaba 22 años de relación de 22 años, con dos hijos en común. Según el relato del imputado, habían ingresado a Yacuiba (Bolivia) por pasos no habilitados para realizar compras. Pero, al llegar, Rosmery habría dicho que quería separarse y que se quedaba en Bolivia con una nueva pareja, tras lo cual se subió a un vehículo. Sus dichos fueron refutados por familiares y relevamientos de cámaras de seguridad públicas y privadas tanto en Salvador Mazza como en la Ruta Nacional 34.
Los movimientos del imputado exponían que él retornó a territorio argentino en su camioneta y acompañado por una persona cuya descripción coincide con la vestimenta de su mujer. La familia de Rosmery agregó que, en los días siguientes, Miranda cargó sus pertenencias con prisas y con intención de abandonar la localidad, pero sin avisar aún sobre lo sucedido con Aramayo Torres. Junto con las imágenes de cámaras de seguridad y demás evidencias, la Fiscalía imputó primero al hombre y posteriormente al hijo (21) de éste, como partícipe.
En los siguientes seis meses, se realizaron varios registros en búsqueda del cuerpo de Rosmery, dado que Miranda reconoció que ella no lo abandonó, sino que cayó al río. Las primeras búsquedas se centraron cerca del Puesto Don Tomás (Santa Victoria Este), aledaño a la Curva de Juan; sector de caminos difíciles pero punto señalado por un testigo que declaró haber visto pasar la camioneta del acusado ese 17 de enero. Desde entonces, todos los rastreos se han concentrado en las Ruta Provinciales 54 y 146, pero sin resultados.
Inicialmente, Miranda se prestó para colaborar en la búsqueda, pero posteriormente dejó de hacerlo, divagando y entorpeciendo las tareas. De los rastrillajes realizados participaron policías de Campo Durán y Santa Victoria Este, bomberos de Tartagal, personal especializado de la División Lacustre y Fluvial de Bermejo; los canes de búsqueda y detección de restos humanos pertenecientes a la División Canes de Bomberos de la Súper Intendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina y Policía de Catamarca con canes.
En julio de 2025 se realizó un último rastrillaje, en la zona del camino a Rancho El Ñato y en un camino denominado “El Quebrachal”, perteneciente a Paraje “El Pelícano”, con Policía de Salta, Policía Federal, los canes de la Policía de Catamarca, la Unidad de Investigación del CIF y familiares de la mujer desaparecida participaron del operativo. La causa sigue abierta y los imputados continúan bajo proceso judicial.
En un reciente esfuerzo por dar con información sobre el caso, la Unidad Fiscal (creada por resolución 1597/25) ofreció una recompensa de 5 millones de pesos para quien pueda aportar datos ciertos y útiles que permita dar con el paradero o encontrar los restos de Rosmery Aramayo Torrez. La Unidad Fiscal está intergrada por los fiscales penales Gonzalo Ariel Vega, Pablo Cabot y Rafael José Medina. Los fondos para la recompensa fueron gestionados ante el Ministerio de Seguridad Nacional (Resolución 1106/2025), exceptuando a quienes hubieran intervenido en el delito.
