El Ente Regulador de Servicios Públicos difundió un informe que expone la delicada situación del servicio eléctrico mediante paneles solares en áreas rurales, a cargo de la empresa ESED S.A. El documento aborda el estado de deuda de los usuarios, el sistema de reclamos y las medidas regulatorias en curso.
El organismo reveló que la morosidad de los usuarios particulares alcanza niveles críticos.
- La deuda global asciende a unos $2.100 millones, con un promedio de $182.102 por usuario.
- Cada cliente acumula en promedio 38 facturas impagas, con casos extremos de hasta 169 boletas sin abonar.
- Pese a ello, se detectaron usuarios que mantienen el servicio activo durante 3 a 4 años sin realizar pagos. Actualmente, el 96,25% de los clientes de ESED S.A. son particulares, lo que agrava la sostenibilidad del sistema.
El Ente Regulador desmintió versiones sobre la falta de reintegros por interrupciones del servicio.
- Se confirmó que existen bonificaciones y créditos aplicados a facturas, como el caso del suministro NIS 1473, que mantiene saldo a favor suficiente para cubrir períodos futuros.
- Con la Resolución 257/25, las multas a favor del usuario se duplicaron: ahora equivalen al doble del tiempo que el ciudadano permaneció sin servicio.
- El plazo de acreditación de estas sanciones ronda los seis meses, debido a la transición normativa y demoras de la concesionaria en remitir información.
El Ente Regulador dispuso acciones directas para garantizar la reposición de insumos críticos:
- Se intimó a la empresa a la compra mensual de 250 baterías, tras reconocer que la falta de componentes afectó la resolución de reclamos en diciembre y enero.
- En el último año, ESED S.A. recibió multas por $12 millones por incumplimientos en la entrega de datos.
- El informe también detalla que el costo de un sistema solar particular oscila entre $510.000 y $740.000, mientras que la tarifa subsidiada que abonan los usuarios es de apenas $10.909,76.
El Ente Regulador reafirmó su compromiso con el control estricto de la prestación del servicio, asegurando la defensa de los derechos de los usuarios y la transparencia en la gestión de los servicios públicos de la provincia.
