La Clínica Cruz Azul, prestadora de servicios de estudios psicofísicos para licencias de conducir profesionales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, denunció que se habrían validado como aptas a 3.477 personas sin la debida evaluación médica. A partir del análisis de sistemas informáticos, la trazabilidad de cuentas bancarias y tareas de campo, UDEC solicitó allanamientos en tres domicilios y la detención de una empleada administrativa del nosocomio.
Personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó tres domicilios ubicados en el macrocentro de la ciudad de Salta y en el barrio Pereyra Rosas, en el marco de una investigación por administración fraudulenta, dirigida por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.
Como resultado del operativo, una mujer fue detenida y trasladada a la Alcaidía General de la ciudad de Salta. Además, se secuestró documentación de interés para la causa.
La intervención de la Fiscalía se inició tras la denuncia que realizó ,el 23 de diciembre pasado, el apoderado de la empresa Clínica Cruz Azul SRL contra una empleada administrativa.
De acuerdo con lo manifestado, la Clínica Cruz Azul es prestadora de servicios de estudios psicofísicos para licencias de conducir profesionales por adjudicación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Durante las vacaciones de una empleada, la supervisora del área advirtió que se habrían emitido recibos por prestaciones no rendidas al área contable y que, además, se habrían cargado en el sistema oficial de la Agencia (REPRE) certificados de aptitud correspondientes a personas que no habrían sido atendidas en la institución.
A partir de ello, la clínica solicitó a la Agencia un informe completo de los aptos emitidos durante 2025 y modificó las claves de acceso al sistema. Del cruce de datos entre el sistema interno (GoMedisys) y el REPRE surgió una diferencia de 3.477 certificados de aptitud que habrían sido cargados sin respaldo en atenciones reales; es decir, que se habrían validado como aptas a 3.477 personas sin la debida evaluación médica.
Mientras se avanzaba en la investigación interna, la empleada presentó su renuncia el 12 de diciembre. Sin embargo, días después, el 22 de diciembre, se detectó la carga de seis nuevos aptos irregulares desde otro usuario.
A fin de investigar lo denunciado, personal de la Unidad de Investigación UDEC del CIF realizó el análisis de los sistemas informáticos utilizados por la clínica, así como el entrecruzamiento de bases de datos internas (GoMedisys) con registros oficiales (REPRE), lo que permitió vincular las maniobras con la empleada administrativa, quien habría sido la encargada de ingresar certificados de aptitud psicofísica sin respaldo en estudios médicos reales, además de generar recibos por prestaciones inexistentes.
Asimismo, se requirió información a entidades bancarias y plataformas digitales para realizar un seguimiento de las operaciones financieras.
La pericia contable detectó una importante desproporción entre los ingresos declarados por la empleada y los movimientos registrados en sus cuentas, con un flujo constante de transferencias provenientes de terceros que coinciden con personas incluidas en los listados de la clínica. Asimismo, se identificó un patrón sistemático de operaciones que evidenciaría la percepción de sumas de dinero por fuera del circuito formal.
Finalmente, se identificó a otras dos personas que habrían colaborado con la maniobra investigada.
Con la información reunida, la fiscal Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías 8, el allanamiento de tres domicilios, la detención de la empleada administrativa y el secuestro de elementos de interés para la causa. (MPF)
