Las investigaciones por el delito de “Intimidación Pública” en establecimientos educativos de la provincia continúan esta semana y desde Policía de Salta se concretaron seis detenciones; siendo las recientes las ocurridas este lunes 20 de abril en el Colegio 5.037 de Las Lajitas, departamento Anta. Entre otras medidas judiciales, 11 personas fueron demoradas e identificadas por hechos de similares características.
Los procederes comenzaron a partir de denuncias realizadas por los directivos escolares, lo que llevó a las actuaciones de Fiscalías Penales, Asesorías de Menores y Juzgados correspondientes. Los seis estudiantes detenidos hasta ahora pertenecen al Colegio 5.037 de Las Lajitas (Anta), la Escuela Técnica República de India y el Colegio Walter Adet; estos últimos de Salta Capital. Aparte, otros 11 alumnos fueron demorados e identificados en escuelas de Capital, General Güemes, Pichanal (Orán) y Rosario de la Frontera; por lo que en total suman 17.
Como parte de las medidas dispuestas por las Fiscalías intervinientes, se inspeccionaron los hogares de los chicos y secuestraron teléfonos celulares en los casos donde hubo detenciones e imputaciones; mientras que las investigaciones continúan en curso bajo la órbita de la Justicia provincial.
Imponen medidas para un joven y reparación económica a su familia
El juez en lo Penal Juvenil y de Garantías 3, Hugo Alejandro Fernández Esteban, dictó una serie de medidas socioeducativas para uno de los jóvenes implicados, resolución adoptada durante una audiencia flexible y multipropósito, en la se concedió el beneficio de la suspensión del juicio a prueba pedido por la fiscal Penal Juvenil 2, Carolina Hernández. Allí también estuvo el defensor oficial Penal Juvenil 2, Adolfo Sánchez Alegre, la asesora de Incapaces 3, María Gabriela Cardón y la madre del adolescente.
Entre las obligaciones impuestas:
– Disculpas públicas dirigidas a las autoridades del establecimiento educativo en sus tres turnos
– Medida de carácter pedagógico: deberá relatar ante sus compañeros de aula la experiencia vivida y las consecuencias de su tiempo de detención, debiendo la institución organizar la logística necesaria para su cumplimiento
– En concepto de reparación del daño: la familia del joven donará mensualmente una suma fija de dinero a favor del Instituto Especializado de Alojamiento 1.
El juez también ordenó que el adolescente se someta a un tratamiento psicológico por un año, quedando obligado a acreditar buena conducta y abstenerse del consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas. Terminada la audiencia, el joven quedó en libertad y fue entregado bajo responsabilidad legal a su madre. (Ministerio Público Fiscal de Salta – Poder Judicial de Salta)
