Una investigación de alta complejidad, coordinada por la Unidad Fiscal Federal de Salta, expuso a una organización dedicada a tramitar ilegalmente pensiones por invalidez. El esquema, sostenido por una red de profesionales de la salud y funcionarios públicos, otorgaba beneficios económicos a personas sanas, a cambio de favores electorales. Gendarmería realizó 9 allanamientos en distintas localidades del departamento Anta.
El caso inició en noviembre de 2024, tras una denuncia. Dada la magnitud del entramado, en junio de 2025 el fiscal armó un equipo especial con miembros de tres fiscalías descentralizadas, habilitando la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta” de Gendarmería Nacional para pesquisas y cruce de datos de los beneficiarios del sistema previsional. Se reveló que la operatoria había sido implementada y normalizada por un exfuncionario municipal del departamento de Anta; sostenida en “punteros políticos” encargados de reclutar familias vulnerables o numerosas, ofreciéndoles pensiones fraudulentas a cambio de su voto.
»Los trabajos de campo duraron más de un año y medio para avanzar contra una estructura delictiva en el departamento de Anta (Imagen: prensa Gendarmería Nacional)
Para garantizar la aprobación de los expedientes, la red contaba con médicos, bioquímicos y enfermeros vinculados a funcionarios políticos; completando el circuito en una mesa de auditoría médica local que emitía certificados basados en diagnósticos repetidos: enfermedad de Chagas y graves desviaciones de columna vertebral. La investigación probó que la organización utilizaba laboratorios propios para falsificar resultados y radiografías. En muchos casos, un mismo estudio médico era copiado y reutilizado para justificar expedientes de distintas personas; incluso funcionarios sin título habilitante firmaban certificados de discapacidad.
En septiembre de 2025, el juez de Garantías Nº 1 ordenó allanamientos simultáneos en clínicas privadas, hospitales públicos y domicilios particulares. Se aportaron pruebas documentales que derivaron en las primeras imputaciones por asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público. El análisis de los soportes informáticos y la documentación incautada permitió profundizar la hipótesis fiscal.
»Imagen: prensa Gendarmería Nacional
Este martes 2 de junio, por orden del Juzgado Federal de Garantías Nº 2, se ejecutó una segunda etapa operativa con allanamientos en nueve lugares de Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal.
Los resultados confirmaron el fraude: en una vivienda se hallaron radiografías de tórax y columna de distintas personas, el 90 % con diagnósticos de desviación vertebral y espacios en blanco para completar nombres; como tambien incautaron estudios clínicos con resultados positivos de “Chagas Mazza”, en su mayoría copias de otros análisis. Las autoridades judiciales informaron que evalúan las nuevas pruebas para formalizar la imputación de otras ocho personas en los próximos días, entre ellas tres médicos y nuevos funcionarios políticos de la provincia. (Gendarmería Nacional)
»Utilizaban estudios médicos apócrifos y radiografías duplicadas para simular casos de Chagas y problemas de columna (Imagen: prensa Gendarmería Nacional)
